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SAN LORENZO. La Contraloría General de la República inició este lunes una auditoria “sorpresiva” a la municipalidad de San Lorenzo. La misma abarcará desde la administración del ex intendente Albino Ferrer, quien había renunciado en febrero del año 2019, acusado por malos manejos administrativos; así como también la gestión, hasta ahora, del actual jefe comunal Alcibiades Quiñónez.

La intervención de la Contraloría apunta prioritariamente al uso por parte de la intendencia sanlorenzana, de dinero proveniente de los royalties de las binacionales, así como del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Y la pesquisa sobreviene tras denuncias de organizaciones sociales de San Lorenzo, que sostiene que existiría malversación de fondos, tanto durante la era Ferrer como la de Quiñonez.

En el uso de esos recursos se mencionan ítem como construcción y reparación de escuelas, merienda y almuerzo escolar, pago de viáticos, compras de bienes y servicios relacionados a inversiones en educación.

Mientras aún se desempeñaba como intendente, Ferrer había sido acusado por enriquecimiento ilícito. Su patrimonio declarado en el 2015 era de 9.000 millones de guaraníes.

En el caso de Quiñónez las denuncias son casi similares a las que se aplicó a su antecesor.