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Si la Fiscalía no pudiera imputar a nadie con fueros sin que antes se los quite una de las cámaras del Congreso, no habría forma de desaforar a nadie puesto que para que un juez lo solicite, la persona debe estar imputada previamente. Esto es lo que pretende el dictamen de José Casañas Levi, al rechazar la decisión de los fiscales de Delitos Económicos contra el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.
ASUNCIÓN.- El exfiscal Casañas Levi ha emitido un dictamen que va de contramano con cualquier concepto que pretende la igualdad ante la ley ya que, de seguirse su consejo, nadie que cuente con inmunidad de algún tipo podrá ser investigado e imputado por el Ministerio Público.
Además, va más allá de lo que realmente se le pidió, su opinión sobre los pasos a seguir con el juicio político que se le había iniciado a Blanco en el Senado y si era correcto o no que se aguardara que la Cámara de Diputados formulara nuevas acusaciones basadas en la imputación de la Fiscalía.
En esta parte, hasta parece correcto su dictamen ya que dice que el enjuiciamiento al ministro de la Corte ya se inició en el Senado, en base a las acusaciones de Diputados y que si hay interés en aumentar los delitos con el prevaricato por el cual se le imputó, se debería realizar otro procedimiento al terminar este.
Pero el asesor jurídico del Senado no pudo con su genio y fue más allá, criticando duramente la imputación realizada por los fiscales René Fernández, Luis Piñánez y José dos Santos, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, asegurando que una persona que tiene inmunidad no puede ser imputada por nadie hasta perder la misma, lo que, en realidad, blindaría a los legisladores ya que de aplicarse este consejo, ninguno volvería a ser desaforado ya que para que un juez solicite la medida, la Fiscalía tuvo que haber imputado al sospechoso.
Para colmo, según la Fiscalía, en el caso por el cual se le imputó, Blanco no tiene inmunidad, ya que ésta solo lo protege en las opiniones que da al explicar una resolución y lo que él hizo fue violar la ley de forma deliberada para favorecer a una de las partes.
Lo peor de todo esto es que a partir de la imputación de Blanco, hay un sector de magistrados que pretenden despenalizar el prevaricato, como si dejara de ser delito que una autoridad, juez y otro servidor público “dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta”, según el diccionario de la Real Academia Española.
