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La auditoría del gobierno de Fernando Lugo, realizada en el 2011 a la administración de Efraín Alegre, entonces ministro de Obras Públicas, detectó varias irregularidades en el pago de jornales y honorarios profesionales en la institución pública y en los legajos de los funcionarios, que suman alrededor de US$ 4,5 millones. Esto hace sospechar de la existencia de planilleros en la época del liberal, según la publicación del diario La Nación/Nación Media.
Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de G. 2.228.650.807 en el 2010, y G. 954.337.937 entre enero y junio del 2021, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.
En el material confidencial se citan los casos de funcionarios que percibían salarios comprendidos entre G. 1 millón y G. 1 millón y medio, pero que no tenían la documentación exigida tales como certificado de disponibilidad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de prestación de servicios, entre otras.
También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por G. 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firmas de los responsables y de los funcionarios remunerados; y comprobantes de retención de IVA-renta sin firma del jefe de ejecución.
Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal referente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido, se expone el cobro de salario de un funcionario de G. 3.500.000, cuando la disposición legal establecía dos salarios mínimos (en ese entonces equivalente a G. 1.408.864 x 2, es decir G. 2.817.724) para las actividades diversas no especificadas.
A la larga lista de “perlitas” halladas en el MOPC, se sumaron los casos de funcionarios que tenían legajos incompletos, sin respaldo documentario de sus títulos ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos, que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.
Así también, fueron hallados legajos de pagos de honorarios profesionales incompletos por un monto total de G. 1.312.486.218. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcionario público, factura, contratos, fotocopia de RUC, declaración de impuestos, entre otros.
Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y resolución de autorización de contrato. En solo dos casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi G. 7 millones.
Según la auditoría, fueron detectados casos de funcionarios sin títulos universitarios, pese a que esta formación era requisito legal para la contratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales.
Otro punto grave fue la existencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de G. 8.113.636 cuyos datos no fueron encontrados en la institución por parte de la Dirección de Recursos Humanos.
Además, en algunos legajos faltan los informes de los trabajos realizados por funcionarios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes. Totalizando G. 52.492.976 en honorarios mensuales de siete funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución.
Fue detectada, asimismo, la falta de una planilla de asistencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de cinco trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de G. 59.164.849 mensuales.
Se hallaron legajos de personal contratado incompletos, tales como la falta de antecedentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de G. 100 millones en concepto de salario al mes.
Durante el período de Efraín se encontraron masivos convenios modificatorios contractuales por G. 26.000 millones. De 124 contratos que se tomaron como muestra, 80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos originales, lo cual afecta el presupuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogramaciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente estatal, según los intervinientes.
Como recomendación final, los auditores instaron al presidente Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presidencia y a Procuraduría para investigar y deslindar responsabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado. (Con información de La Nación/Nación Media).
