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El nuevo decreto Migratorio de Donald Trump, que impone sanción a ciudadanos provenientes de seis países, sufrió el primer revés en la justicia. El viernes un juez federal suspendió su aplicación para el caso del asilo de la esposa e hija de un refugiado sirio en el país. Varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos anunciaron que enviarán un recurso a la justicia. Desde la embajada paraguaya señalaron que no se ha reportado ningún caso de compatriotas deportados.
Wisconsin, Estados Unidos.- El nuevo decreto migratorio del presidente Donald Trump enfrentó su primer obstáculo judicial, después de que un juez federal suspendiera la aplicación de la medida para la esposa y la hija de un refugiado sirio en Estados Unidos.
En paralelo, varias organizaciones defensoras de los derechos cívicos y de los refugiados anunciaron que enviarán un recurso a la justicia contra el decreto, que será examinado el 15 de marzo próximo, la víspera de su entrada en vigor.
El juez federal de Wisconsin William Conley impidió el viernes en un fallo preliminar que se prohíba la llegada de la esposa y la hija de este refugiado sirio, al considerar que corren “el riesgo de sufrir un daño irreparable” si se aplica el decreto de Trump, que niega la admisión de refugiados a Estados Unidos durante 120 días.
El demandante, un musulmán sunita que huyó de la guerra en Siria en 2014 para evitar una “muerte casi asegurada”, según los documentos enviados al tribunal, recibió el estatuto de refugiado en Estados Unidos, y luego presentó la demanda de asilo para su esposa e hija, quienes permanecen en Alepo.
Su solicitud estaba a punto de recibir luz verde cuando se vio obstaculizada por el decreto antimigratorio de Trump, que también prohíbe la entrega de visados durante 90 días a ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
Aunque la decisión del juez Conley se aplica únicamente a este sirio y a su familia -cuya identidad quisieron preservar-, tiene una fuerte carga simbólica, al ser la primera medida judicial contra esta nueva orden ejecutiva de Trump, una versión modificada del decreto implementado el 27 de enero.
Éste fue suspendido el 3 de febrero por un juez federal de Seattle después de que provocara una ola de indignación dentro y fuera del país.
