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Las viviendas financiadas por la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) están presas en un laberinto judicial que se heredó de gobiernos anteriores. Se trata de las casas construidas por la institución en el distrito de Presidente Franco y Ciudad del Este. Las que se hallan en la capital del Alto Paraná fueron invadidas el fin de semana último. El director regional del ente, Alberto Vera, explicó que el inmueble nunca se transfirió a la Senavitat, dado que solamente se pagó el 50% del valor del inmueble. El anterior propietario falleció sin que se concrete dicho trámite. La compra del inmueble y la edificación de las casas se adjudicaron a la firma El Progreso S.A., en el año 2011, con quien la institución rescindió el contrato por incumplimiento.
CIUDAD DEL ESTE.- La construcción de las viviendas en el Este del país, 100 en Presidente Franco y 150 en la capital departamental, forman parte de un paquete de 3.500 casas. Para la compra del inmueble y construcción, se adjudicó en el 2011, durante el gobierno de Fernando Lugo, a la firma El Progreso S.A, propiedad de Agustín Barreto Fidabel, hermano del concejal departamental liberal, Arnaldo Barreto.
“Es un problema que se heredó de la administración de gobiernos anteriores. Hasta ahora logramos reactivar la obra de 150 viviendas. El proceso de reactivación ha requerido un gran esfuerzo. Cada caso se estudió individualmente”, explicó Vera.
Relató que el llamado a licitación y adjudicación de la obra, se realizó en el año 2011, es decir, durante la era de Fernando Lugo. La firma beneficiada fue El Progreso S.A, propiedad de los Barreto. Vera aclaró que dicho contrato se encuentra rescindido, por resolución 1.445, del 11 de agosto del 2014, por el incumplimiento del contratista. Esta empresa debería comprar el inmueble y realizar la obra. Según el funcionario de Senavitat, se pagó el 50% del valor del total del inmueble. “Se pagó la mitad, pero el inmueble no fue trasferido a la institución. La ejecución de las obras quedó en un 65%.
FALLECIMIENTO
Vera afirmó que la situación se enmarañó más aún, con la muerte del propietario del inmueble Joaquín Idalín López, sin que haya transferido el inmueble, dado que solamente se le pagó los G. 800 millones del valor total, que es G. 1.600 millones. “La institución ahora reclama los derechos en un juicio sucesorio”, afirmó. Añadió que son siete herederos, de los cuales tres viven fuera del país.
“Estamos buscando una salida a este problema. Buscaremos una solución, porque se trata de una millonaria inversión”, afirmó Vera.
Remarcó que se ve envuelto en una situación muy difícil, y que pese a que la denuncia la realizó Barreto el viernes, los trámites no corren, debido al paro en el Ministerio Público de CDE.
Agregó que los funcionarios de Senavitat aún no se presentaron en la zona invadida, porque sienten temor a ser linchados.
“La Senavitat está para solucionar los problemas a las familias. Les pido conversar. Tenemos programas para cada tipo de situación, que se acerquen a hablar con nosotros”, acotó.
Por otra parte, los Idalín presentaron una denuncia contra los invasores.
ANTECEDENTES
Las viviendas de Presidente Franco y Ciudad del Este, ya fueron invadidas en tres ocasiones, dado que las obras pararon desde el 2013. Las invasiones ocurren siempre, antes de elecciones municipales o generales, presuntamente, por incentivo de políticos. Pese a que la Senavitat desembolsó el dinero para la compra a El Progreso S.A., la suma total no se pagó al anterior propietario, por lo que éste no transfirió a dicha institución pública el inmueble. Posteriormente, Idalín promovió una medida cautelar, y existe una orden de no innovar sobre el predio de 9 hectáreas. La Contraloría General de la República ya había detectado irregularidades cometidas por dicha empresa, en obras llevadas a cabo por El Progreso, a la Gobernación del Alto Paraná, durante la administración de Gustavo Cardozo (PLRA) y a la Municipalidad de Juan León Mallorquín.
