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Los funcionarios públicos son también ciudadanos, así que es natural que puedan firmar una planilla en favor de la enmienda si es que están de acuerdo, según el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, quien agregó que en el caso de que estos funcionarios fueran obligados a apoyar el proyecto, deben denunciarlo ante los medios o en la Secretaría Anticorrupción. Ya juntaron más de 200 mil firmas y la campaña sigue, afirmó.
ASUNCIÓN.- Algunos sectores critican que desde el oficialismo se haga firmar planillas a favor de la enmienda constitucional a funcionarios de diferentes dependencias del Estado. Incluso llegaron a decir que estos trabajadores son obligados a firmar, so pena de exponerse a alguna grave sanción por parte de la administración.
López Moreira defendió la idea de que los funcionarios puedan apoyar el proyecto de enmienda, puesto que no son solo trabajadores del Estado sino también ciudadanos paraguayos y, como tales, tienen derecho a dar su opinión y decidir sobre los destinos del país.
Eso sí, “si les están forzando es otra cosa y es una irregularidad, pero que yo sepa ellos tienen libre acceso de firmar o no”, añadió. Sin embargo, en el caso de que sean obligados, “pueden denunciar donde quieran, a la prensa, tenemos la Secretaría Anticorrupción, tenemos todos los medios, tienen todas las formas de hacer, tienen toda la libertad”, explicó el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
El derecho a peticionar a las autoridades está garantizado en la Constitución Nacional y el oficialismo colorado, junto con Frente Guasu y un sector del PLRA, decidió que sea la ciudadanía la que pida al Tribunal Superior de Justicia Electoral que se trate un proyecto de enmienda que permita la reelección presidencial por una única vez. Es importante recordar que el sector pro enmienda no necesitaba recurrir a la participación ciudadana ya que bastaban 11 senadores o 20 diputados que solicitaran una sesión extra para que el proyecto tuviera que ser tratado. Sin embargo, así lo decidieron para que sea la gente la que decida.
Cualquier petición debe tener por lo menos 30 mil firmas de personas y, de acuerdo a autoridades de la Junta de Gobierno, las planillas ya tienen más de 200 mil firmas y sigue la campaña.
Una vez se presenten estas planillas, lo único que controlará la Justicia Electoral es que todos los firmantes estén inscriptos en el Registro Cívico Nacional, es decir, que sean electores activos. Luego de esto, se enviarán las planillas a una de las cámaras del Congreso, que deberá considerar el proyecto de enmienda, tal como lo haya pedido la ciudadanía.
BARRIOS: “LLEGAREMOS A LAS 450 MIL”
Hasta ahora dicen los oficialistas que juntaron más de 200 mil firmas en favor de la reelección presidencial vía enmienda, pero según el diputado Clemente Barrios, hay muchas posibilidades de que se superen las 450 mil en todo el país.
El legislador dijo que solamente en el Departamento de Paraguarí se juntarán más de 30 mil firmas, puesto que los colorados son aproximadamente 100 mil. “Hay un gran entusiasmo por lo que imagino que se superará el mínimo requerido. A nivel país existen 1.500.000 colorados, que si firma el 35% fácilmente se puede llegar a las 400 a 450 mil firmas”, dijo.
“No solo somos cinco a seis diputados o siete a ocho senadores lo que vamos a hacer la ley, sino esta vez la gente misma, el pueblo va a hacer uso de su soberanía, será parte del proceso en esta democracia participativa”, agregó Barrios.
Negó las versiones de que los funcionarios públicos sean obligados a firmar las planillas. “Todo mentira, no hay ni una denuncia que sea concreta, que vayan a la Fiscalía si son presionados y denuncien a la persona que presiona. Esto es parte de una propaganda maliciosa, que se inició antes de la recolección de firmas. Si a la gente no le gusta, estoy seguro de que va a denunciar; nadie puede tener poder de forzar a un compatriota a que firme”, señaló el diputado.
“BUSCAMOS EL PUNTO DE VISTA CIUDADANO”
Gustavo Alfonso, senador oficialista, aseguró que el motivo por el cual la ANR decidió hacer la campaña para recolección de firmas de ciudadanos que quieren la reelección vía enmienda es que ya se escuchó la opinión de juristas y que era el momento de conocer el punto de vista de los ciudadanos.
Igual que los demás representantes del sector, Pipo dijo que “ya sobrepasamos la cantidad requerida para la presentación del pedido ante el Congreso Nacional. No solo el Partido Colorado está detrás de esto sino también sectores del PLRA y del Frente Guasu están recolectando firmas con el mismo objetivo”.
Explicó además que esta campaña no fue iniciada por el Ejecutivo sino por la misma ANR, cumpliendo con instrucciones dadas por la última convención, en la que se decidió impulsar el proceso que permita la reelección presidencial en la Constitución Nacional.
Defendió el mecanismo de la recolección de firma diciendo que “veo como una situación bastante democrática darle la oportunidad a la gente para que decida sobre la enmienda”.
“PUEDEN EJERCER SU ROL DE CIUDADANO RESPETANDO LÍMITES EN LA LEY, AFIRMAN
La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió un comunicado en aclaración sobre la firma por parte de funcionarios públicos de planillas en apoyo al proyecto de reelección presidencial vía enmienda constitucional.
A continuación reproducimos el comunicado en extenso:
“El ministro de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humberto Peralta Beaufort, aclara con relación a las planillas que son firmadas por funcionarios públicos, para apoyar la reelección presidencial vía enmienda constitucional:
Que un funcionario público además de ser un servidor público es a la vez un ciudadano, por lo cual tienen aquellos un doble rol (servidor y ciudadano) y es en ese contexto que el funcionario tiene la libertad de ejercer también sus derechos como ciudadano, respetando los límites impuestos en la Ley de la Función Pública y sin presión. En el caso en que el funcionario se sienta presionado o acosado, existen instancias a las que el servidor público puede acudir para realizar su denuncia.
¿Qué se entiende por “ejercer cualquier actividad político-partidaria dentro de un Organismo o Entidad del Estado?
La SFP como organismo central normativo para la función pública y el desarrollo institucional de las entidades estatales, formula políticas de gestión y desarrollo de las personas que trabajan en el sector público, emite normas técnicas, asesora a las instituciones en políticas de gestión y desarrollo de las personas, capacita y forma a los servidores públicos, entre otros, por lo que NO es su función la de hacer juzgamientos. Para ello existen otras instituciones públicas encargadas de tipificar qué son actividades político – partidarias, y cuáles no.
La SFP entiende que las firmas realizadas por parte de algunos funcionarios públicos no son prácticas de política partidaria, sino exclusivamente actividades cívicas que responden a iniciativas de la ciudadanía.”
