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ASUNCIÓN.- El abogado Juan Sosa Bareiro, quien representa a un grupo de senadores que se consideran víctimas de los hechos ocurridos en la manifestación del pasado 31 de marzo de 2017, ocasión en la que se quemó la sede del Congreso Nacional, lamenta la excesiva dilación que soporta el proceso. A casi un año del lamentable episodio no se ha definido absolutamente nada dijo a la 970 durante una entrevista.
Destacó que lastimosamente desde el principio, el proceso ha tropezado con una serie de dilaciones procesales, conocidas comúnmente con chicanas jurídicas donde la defensa de los 26 procesados, como estrategia más que buscar la verdad y la definición de lo que paso ese día, llegar a los responsables, están interponiendo una serie de dilaciones dentro del proceso tales como recusaciones, llevar a la Cámara de Apelaciones cualquier tipo de sentencia por más absurda e incluso a la corte. “Se presenta innumerable cantidad de cambios, hay que tener en cuenta que dentro de un mismo expediente existen 26 imputados, esto implica que hay 26 defensas y la misma cantidad de posibilidades de dilaciones”, dijo el letrado.
“Nosotros prácticamente hemos vivido un “festival” de chicanas jurídicas, nunca buscaron la verdad, sino dilatar y retrasar el proceso, en muchos casos lo consiguieron. Estamos cumpliendo un año de ese triste suceso y todavía no hemos podido tener una audiencia preliminar que nos lleve a un juicio oral y público, esa es la realidad que se dio desde el inicio y sigue hasta hoy”, apuntó.
Sosa Bareiro mencionó que después de la causa del “Ycuá Bolaños”, que fue una de las más mediatizadas en la historia de la justicia, la del 31 de marzo de 2017 es la que le sigue en relación a que se ha politizado totalmente, cuanto que debería ser eminentemente jurídica. Referente a la mediatización, indicó que se utilizó medios de comunicación, y a través de algunos abogados que ejercieron la defensa, se desvió la atención para prácticamente esconder la verdad procesal que hay en el expediente. “Por medio de cuestiones mediáticas trataron de llevar hacia el lado político un tema sencillo que debe dirimirse en el campo judicial”, apuntó.
“Porque digo, sencillos, porque en el expediente existen pruebas claras, concretas y contundente, tanto con respecto a los actores materiales, como morales. No existen muchas dudas, la carpeta fiscal, del expediente judicial está llenas de elementos, que hoy en día a través de las publicaciones que están haciendo los medios de comunicación salen a la luz pública, cuestiones que nosotros venimos manejando desde el inicio del problema como ser las llamadas, declaraciones de los imputados e incluso de los propios contratados para participar del atraco al Congreso”, explicó Sosa Bareiro.
Manifestó que además estas personas dieron nombres y apellidos, lo que permitió una avalancha de pruebas, mientras que la defensa de los acusados utilizó como la dilación. “Es una cuestión que yo respeto hasta cierto punto, porque es una estrategia procesal, pero realmente en vez de buscar la verdad siempre trataron entorpecer el proceso”, se quejó el abogado.
