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Asesor jurídico de Salud Pública: Todavía no recibieron el escrito de descargo de empresas proveedoras pero ya llegaron los aviones cargueros con insumos médicos

ASUNCIÓN. Según el doctor Gustavo Irala, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, hasta ahora, las empresas Insumos Médicos S.A. y Eurotec S.A., pertenecientes al clan Ferreira, no presentaron su defensa en cuanto a los insumos que fueron rechazados por no cumplir con las especificaciones técnicas. Sin embargo, entre anoche y esta mañana llegaron dos aviones cargueros con los insumos solicitados, con lo que ambas empresas pretenden dejar sin efecto la rescisión del contrato.

A pesar de la insistencia de la mesa de periodistas de Tempranísimo por la 970 y GEN, el abogado no respondió si el ministerio tiene la potestad de suspender un contrato ante la evidencia de que los proveedores intentaron “joderle” no solo incumpliendo los plazos sino trayendo insumos que no cumplían con las especificaciones previstas en el pliego de bases y condiciones.

Dijo sí que hay varias irregularidades cometidas por las empresas, lo que hizo que el ministerio iniciara el proceso de rescisión del contrato, como “atraso en la entrega, por un lado; incumplimiento de especificaciones técnicas y también ha concluido el plazo máximo establecido para la aplicación de multas”.

Sin embargo, el proceso de rescisión del contrato da la posibilidad de que en un plazo de 10 días las empresas presenten su descargo y continúen en carrera, a pesar de las evidencias de la mala fe demostrada por ellas, porque el procedimiento “está establecido en la ley y tenemos que respetarlo”, según el abogado.

“Nosotros todavía no recibimos el escrito de descargo de estas empresas. No sabemos cuáles son los argumentos que van a poner. Por otro lado, estos plazos son plazos legales que están establecidos en la ley. Uno puede objetar que exista esta posibilidad, pero es lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas. No es una cuestión unilateral del Ministerio de Salud Pública, sino un plazo legal establecido en la ley”, dijo Irala.

Negó que se actuara como que no pasó nada, ya que “estamos siguiendo un proceso de rescisión de contrato, como expliqué. Es un procedimiento establecido en la ley. Necesariamente, uno tiene que ceñirse a lo que establece la ley. Está relacionado a la póliza, que tiene un monto varias veces millonario. Uno tiene que cuidar la parte legal, tiene que hacer el debido proceso. No estamos emitiendo ningún juicio de valor sobre estas empresas que van a tener su argumento cuando presenten”.

“El ministerio tiene la facultad para suspender o iniciar el procedimiento de rescisión de contrato. En este caso, el ministerio inició el procedimiento como está establecido en la ley. Está en curso, el plazo es de 10 días, y ahí el ministerio tiene que pronunciarse si rescinde o continúa. Y también están las multas y las consecuencias establecidas en la ley. También esto puede generar una investigación y sanción por parte de la Dirección de Contrataciones”, concluyó.

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