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Balance del Ministerio Público

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Los números del Balance presentado por Díaz Verón, no deben ser considerados con ligereza, por el contrario, deben movernos al análisis y reflexión, para concluir si efectivamente, como pretende, se han obtenido logros en la gestión de representación de la sociedad ante el Poder Judicial, o son el reflejo de la inoperancia, la ineficiencia y la inercia, que se pretende ocultar.

Para evaluar la gestión del responsable de la Institución que “…representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado…” (Art. 266 C.N.), a partir de los datos difundidos, debemos tomar las cifras publicadas años anteriores, compararlas con las actuales, y a partir del resultado obtenido, llegar a conclusiones válidas, que podrán – finalmente – calificar la labor desarrollada.

Según el informe en cuestión, durante el año 2015, han ingresado al Ministerio Público “más de 135.000 causas”, realizándose más de 1.470 juicios orales, obteniéndose condena en más de 1.200 de ellos.

La primera conclusión que se desprende de estos números, es que apenas el 1% (uno por ciento) del total de casos ingresados durante el año, fueron sometidos a Juicio oral y público; y nada más que el 0,88% (cero coma ochenta y ocho por ciento), concluyó con condenas.

Sin embargo, si tomamos los números de los años anteriores, hemos de arribar a conclusiones aún más desalentadoras, ya que las cifras correspondientes a los mismos conceptos, determinan niveles alarmantes de ineficiencia.-

La administración del actual Fiscal General, que arranca con su designación en el mes de noviembre de 2011, tiene acumulado un total de 374.554 causas ingresadas durante los años 2012, 2013 y 2014.

En los años 2012 y 2013, se registra la finalización de 79.797 causas (aunque la página web no se aclara en modo de finalización), y 108.658 causas en trámite, y durante el año 2014, se realizaron 1.280 juicios orales, con 221 condenas y 995 absoluciones, concluyendo además, por otras vías, un total de 3.681 causas.

Las cifras publicadas por el Ministerio Público, evidencian, que además de la gran cantidad de causas penales que ingresan anualmente al sistema, hay un gran número de ellas que no son resueltas, sea por los trámites normales (juicios orales), como por las vías alternativas de solución del conflicto penal (criterio de oportunidad, suspensión condicional del procedimiento, etc.).

El número de causas acumuladas, que vienen arrastrándose año tras año, refleja que Díaz Verón, no ha ejercido una influencia positiva en la gestión del Ministerio Público, ni ha contribuido de modo a que la Institución se ponga a la altura de las necesidades de la sociedad.

Tanto el “principio de oportunidad” que consagra el Código Procesal Penal, como el “principio del derecho penal mínimo”, al que se adscribe el Código Penal, no tienen cabida y vigencia en un Ministerio Público que ha optado por seguir con la vieja y superada regla que “el principio de legalidad” impone, es decir, perseguir todos los hechos punibles, sin importar en absoluto cual sea el nivel de su importancia, impacto social, o gravedad del hecho.

Mientras el Ministerio Público se dedica a perseguir ladrones de gallinas (Villarrica, oct/2015), se pone al servicio de usureros llevando a juicio a deudores por haber emitido cheques en garantía contra cuentas Bancarias canceladas, o persigue a insolventes desempleados por incumplimiento del deber legal alimentario, y conductores “sospechosos” de conducir en estado de ebriedad, nada hace a la investigación y persecución de los grandes delincuentes. Prueba elocuente de ello es que en el país, sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, no se haya iniciado siquiera una tímida investigación sobre hechos escandalosos que han motivado la detención y procesamiento de sus dirigentes por la Justicia Norteamericana, a pesar de que en varios países de la región – también – se han iniciado procesos judiciales.

Mientras nuestras autoridades, encargadas del nombramiento del Fiscal General del Estado, no asuman con responsabilidad su misión constitucional, seleccionando candidatos con el perfil adecuado para ejercer tan alta dignidad, seguiremos procurando (como hasta ahora) modificar las leyes para privilegiar la morosidad judicial, celebrando la entrega de perseguidos por la justicia extranjera, sin juicio de extradición y reclamando reciprocidad en la violación de la ley internacional.

Si seguimos en la misma senda, volvernos ser testigo del inexplicable viaje al exterior, del Fiscal General del Estado, encabezando una comitiva policial para trasladar a un extraditado, suponiendo – posiblemente – que cuando le toque el turno a Nicolás Leoz, recibirá la visita de la  Sra. Loretta Linch, Fiscal General de los Estados Unidos.

Peor aún, si persistimos en la búsqueda de un Fiscal General con el mismo perfil que el actual, podemos estar seguros que seguiremos acumulando causas penales en trámite, sin concluirlas, y consecuentemente, el balance de fin de año reflejará los mismos los resultados negativos.

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