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ASUNCIÓN. Muy diferente es el manejo que tienen senadores y diputados en lo que hace al juzgamiento de sus pares. Mientras que los primeros no tienen ningún problema –siempre y cuando consigan los votos- de eliminar de la cámara a alguno de sus miembros, los segundos actúan con un corporativismo vergonzoso, resistiéndose con uñas y dientes a que uno de los suyos quede sin su banca.

Este año, 3 senadores quedaron fuera de la cámara por decisión de la mayoría, que aplicó el artículo 201 de la Constitución, relativo a la pérdida de investidura, aunque aún no tiene ley reglamentaria. Víctor Bogado (ANR), Dionisio Amarilla (PLRA) y Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) quedaron fuera del Congreso, expulsados por sus propios colegas. En todos los casos se decidió que había suficientes evidencias de que los mismos habían realizado tráfico de influencias.

En la cámara de al lado, sin embargo, la actitud es bien diferente, y los bloques mayoritarios se niegan a constituirse en jueces de sus pares, por lo menos hasta tanto no exista una ley reglamentaria de la pérdida de investidura. Pero la historia de esta ley es como la del huevo y la gallina, que no se sabe qué estuvo primero. Los diputados exigen mayoría absoluta para expulsar a un legislador, y así aprueban la ley que luego es vetada por el Ejecutivo por inconstitucional porque la Carta Magna no permite la mayoría calificada para la pérdida de investidura.

Este año se intentó sacar la investidura a Ulises Quintana (ANR), preso por segunda vez en Viñas Cue; a Carlos Portillo (PLRA) y a Tomás Rivas (ANR). Y se mencionó fuertemente a Miguel Cuevas (ANR).

Sin embargo, todos los casos fueron rechazados y hoy se da el absurdo de que Quintana no tiene posibilidad de asistir a las sesiones porque sigue preso en Viñas Cue, pero sigue siendo el feliz poseedor de una banca en la Cámara de Diputados. Absurdos como estos no parecen tener fin en el Parlamento.