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ASUNCIÓN.- Aproximadamente 350 funcionarios de la Defensoría Pública fueron despedidos sin justa causa. La dimisión afecta a embarazadas, personas con mucha antigüedad en la institución y discapacitados, denunció el senador colorado, Enrique Riera.

El parlamentario realizó esta mañana una conferencia de prensa acompañado de un grupo de afectadas. Anunció que mediante los servicios legales gratuitos del abogado Eduardo González, solicitarán una reconsideración a la defensora Lorena Segovia. De no prosperar el pedido, acudirán al Tribunal de Cuenta para “proteger el empleo”.

Riera dijo que la desvinculación es con el propósito de ubicar en esos puestos a recomendados políticos, supuestamente del sector llanista.

“Entendemos la política, pero esto es sacar gente para meter gente, entonces no hay ahorro, alguien está digitando porqué uno sí y otro no”, refirió el parlamentario. En ese sentido, una de las afectadas dijo que unas 40 personas ya están en lista de espera para ser incorporados a la Defensoría, en reemplazo de los dimitidos.

Sobre la causa explicaron que en la notificación refiere simplemente que es “por terminación de contrato y la no renovación del mismo debido a la reestructuración administrativa del presente ejercicio fiscal”.

“No se trata de colores, acá (entre los dimitidos) hay colorados y liberales, se trata de fuente de trabajo. Por lo menos tenían que dar un preaviso, decir ‘dentro de 6 meses me voy a ver obligado a reducir por cuestiones presupuestarias’, como está haciendo el diputado (Pedro) Alliana (en la Cámara de Diputados), para que ellos puedan analizar su situación laboral y también buscar otra opción, porque todos tienen una familia”, refirió.