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El uso de la marca de apuestas deportivas “Aposta.La” es actualmente objeto de una fuerte disputa en ámbitos del Poder Judicial. El verdadero propietario sería Alcides Osmar González (casino Par de Ases), de acuerdo a las documentaciones expuestas por el abogado Darío Irala, sin embargo, tuvo que recurrir a una medida cautelar para seguir operando. El profesional llamó la atención sobre el hecho de que mientras su cliente solo puede explotar dos salas y no está autorizado a hacerlo “on line”, Conajzar otorgó a su contraparte el privilegio de habilitar más de 200 en distintos puntos del país y a operar libremente por internet, vulnerando así principios básicos de igualdad ante la ley.
CIUDAD DEL ESTE.- Sin dudas las apuestas deportivas constituyen un negocio lucrativo que, según estimaciones, dejarían un lucro mensual de aproximadamente un millón de dólares. Una de las marcas más conocida es “Aposta.La”, que inició el ciudadano peruano Giancarlos Espinosa, fallecido en un accidente de tránsito en el 2016. Luego de esto se inició el litigio judicial.
El abogado Darío Irala es el representante legal de Osmar Alcides González, dueño de la firma Yema S.A. (Casino Par de Ases), que de acuerdo a documentos suscriptos ante escribano público, compró de Espinosa la marca “Aposta.La”. “Giancarlos, unos 4 a 5 meses antes de su fatídico accidente, transfirió todos los derechos de Aposta.La a favor de mi cliente”, afirmó el profesional.
De acuerdo al relato, posteriormente aparecieron los padres del peruano indicando ser sus únicos herederos y por consiguiente dueños de la mencionada marca, que la inscribieron a favor de la empresa Daruma Sam S.A. Sin embargo, los herederos directos de Giancarlos, que es una hija y un hijo menor, fueron dejados de lado, lo que torna nulo todo el procedimiento y habrá que aclarar en el ámbito penal, resaltó el profesional.
Osmar Alcides González fue el primero en inscribir la marca “Aposta.La” en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Pero luego hicieron lo mismo los representantes de la firma Daruma Sam S.A., de acuerdo a las explicaciones del abogado. Irala dijo que por una cuestión formal, que sería no haber hecho la transferencia en una escribanía, lo cual es falso, rechazaron lo que ellos presentaron, pero este formalismo no lo exigieron a los verdaderos usurpadores.
La misma situación se presentó en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), de acuerdo con los datos brindados por Irala, quien cuestionó duramente al ente estatal que regula los juegos de azar en el país
Atendiendo a que todo ésto ocurrió en las instituciones públicas donde el verdadero dueño de la marca fue dejado de lado y los usurpadores tuvieron entrada, no hay dudas de que está la mano negra de políticos en el conflicto. “Sabemos quiénes son y son de la zona, pero por ahora nos reservamos el derecho de no dar sus nombres”, destacó el profesional.
Actualmente, Osmar Alcides González cuenta con dos locales de su casino electrónico “Par de Ases”, donde se realizan las apuestas deportivas con la marca “Aposta.La”, y está operando gracias a medidas cautelares, que fueron apeladas por los presuntos usurpadores, pero que siguen vigentes.
MÁS DE 200 LOCALES Y TAMBIÉN “ON LINE”
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) permitió a los supuestos usurpadores de la marca “Aposta.La”, que es la empresa Daruma Sam S.A., otorgar franquicias del citado distintivo, y actualmente solamente en Alto Paraná ya son más de 100 locales y otra cantidad similar están distribuidos en varias ciudades de la República, totalizando poco más de 200. Además pueden operar “on line”, a través de internet.
Esta es la información que dio el abogado Darío Irala, representante legal de Alcides Osmar González, el verdadero dueño de la citada marca de apuestas deportivas, adquirida de Giancarlos Espinosa, fallecido el año pasado en un accidente de tránsito.
A las irregularidades detectadas en el proceso sucesorio, del cual excluyeron a dos hijos de Espinosa, se suma la inscripción ilegal de la marca, que se habría producido, según el abogado, mediante la falsificación de la firma del occiso, con el fin de tener el registro y poder operar con la marca, lo cual complica aún más la situación de quienes se adjudican su propiedad.
El profesional explicó que, paradójicamente, mientras estas personas tienen todo tipo de privilegios, su cliente, que es el verdadero dueño, no puede trabajar libremente en el mercado, solo tiene autorización para dos salas y no le habilitan a operar por internet, lo que refuerza la hipótesis del “padrinazgo” político que tendrían los presuntos usurpadores.
