ADN Digital
Artículos relacionados
Las obras que ejecuta actualmente el Ministerio de Educación son totalmente del gobierno anterior. El viceministro de Educación, Robert Cano, reconoció que ninguna construcción se licitó este año. Sin embargo, para disfrazar la absoluta inacción, sostuvo que fueron licitadas las aulas prefabricadas, las que se realizaron sin el control de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), según la denuncia.
ASUNCIÓN.- “Hay 255 municipios y la mayoría de ellos están ejecutando algún tipo de obra para educación”, fue la explicación del viceministro, Robert Cano, cuando se le apuntó que el Ministerio de Educación (MEC) no está ejecutando ninguna nueva obra, que prácticamente no llamó a licitación en este 2019.
No tuvo remedio que reconocer que en este momento existen obras, pero ya iniciadas en el gobierno anterior. Después se refirió a la única licitación que se llamó este año, fue para la adquisición de las aulas prefabricadas. Gastó unos G. 15.000 millones, pero licitación no tuvo el control de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), según la denuncia.
Por otro lado, Cano trató de defender al MEC, señalando que el mismo no tiene prácticamente presupuesto para encarar obras propias, y que sí lo están haciendo las gobernaciones y las municipalidades.
Sin embargo, reconoció que existen los fondos de excelencia, los que maneja con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Hay que decir que ésta entidad es la que recibe más plata del Fonacide. Son transferidos al Conacyt el 30 por ciento de los referidos fondos, mientras que las municipalidades y las gobernaciones reciben solamente el 25 por ciento.
Constantemente se miente en el ministro de Educación y Ciencias con respecto a las obras. En mismo titular de la cartera, Eduardo Petta, en el mes de enero pasado, dejó entrever que su administración realizó los trabajos de remodelación y mejoras en 200 instituciones educativas de las 715 que requerían una intervención inmediata y sostuvo que para el mes de mayo terminarían todas las obras.
Sin embargo, después culpo a las empresas fiscalizadoras por la no conclusión de los trabajos. Dijo que pedían una incremento del 20% de los 74 millones ya acordados para seguir con los trabajos.
Mencionó que luego de analizar el pedido se resolvió que no correspondía pagar el aumento solicitado, por tal razón, las obras se paralizaron. “Les dijimos no, y Contrataciones Públicas les dijo no. Eso trajo problemas. Dos empresas que son fiscalizadoras fueron reemplazadas y así pudieron continuar las obras”, expresó.
