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ASUNCIÓN.- Cuando salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia, hace casi 5 años, reaccionaron los conductores estafados (los miles que pagaron las multas) y solicitaron la devolución de los millones robados, con acciones en el ámbito judicial. Las mismas quedaron encajonadas.
En aquel momento, el fiscal adjunto de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui, dijo que analizarán las multas que fueron aplicadas durante mucho tiempo a los conductores, por parte de los municipios con la firma Sertran.
“Escuchando las opiniones, algunas de ellas inclusive hablaban de que tenían 50 a 60 notificaciones. Entonces vamos a analizar esto con la Dirección de Delitos Económicos”, explicó Arregui.
Entonces, la dirección de Delitos Económicos es una dependencia de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción que estaba a cargo de la abogada Patricia Doria.
Mientras tanto para las víctimas de las multas, a todas luces resultó ilegal, inaudita y vergonzosa. “Y obviamente desnuda la calidad moral de esta empresa. Este censurable acontecimiento debe inmediatamente ser investigado y deslindarse las responsabilidades correspondientes no sólo de la empresa, sino de quienes participaron y consintieron este hecho”, expresó Javier Gómez, un afectado.
