Juan Ernesto Villamayor está siendo interpelado en el Senado. Foto: Ministerio del Interior.
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Villamayor se lava las manos en la fuga del narco Samura y muerte de comisario

ASUNCIÓN. El Ministerio del Interior no tiene nada que ver en la organización del traslado de presos ni en su calificación de peligrosidad, según Juan Ernesto Villamayor, quien está siendo interpelado en este momento por el Senado.

Es el Ministerio de Justicia, a través del director del penal del cual proviene el detenido, el que tiene que calificar el grado de peligrosidad del trasladado y en el caso de Jorge Samudio, alias Samura, se dijo que no era de alta peligrosidad, por eso no se pidió la colaboración de fuerzas especiales sino simplemente de la comisaría de la zona, añadió Villamayor.

“No existe listado nominal de personas que poseen calificación de alta peligrosidad. No es competencia del ministerio ni de la policía la calificación de peligrosidad. El traslado es responsabilidad del Ministerio de Justicia, expresó el interpelado, quien añadió que ni siquiera tuvo conocimiento del traslado de Samura, ya que no era de su competencia e insistió con que la calificación de alta peligrosidad debía darla el director del penal.

Dando argumentos a la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que pretende que el ministro del Interior integre la cadena de mando, dijo que ni siquiera en el caso de alta peligrosidad él tiene responsabilidad, aunque en ese caso sí lo tiene el comandante de la Policía. “Un elemento esencial de la modificación de la ley guarda relación con las responsabilidades del ministro del Interior que hoy no tiene responsabilidad, no participa de ninguna actividad operativa, de ninguna que sea de tribunales policiales ni ascensos de policías. Lo que se busca es que tenga mayor incidencia en estos elementos. La ley actual no autoriza ninguna participación”.

Comentó que en más de un año no hubo ningún caso de fuga de delincuentes, aunque sí hubo intentos que fueron desarticulados, y que en el caso de Samura, la causa fundamental, además del error del director del penal, es la corrupción imperante en la Policía, la cual está siendo abiertamente combatida por el gobierno.

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