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ASUNCIÓN. Según el abogado Juan Sosa Bareiro, los últimos elementos que surgieron en el caso del asesinato de Rodrigo Quintana el 1 de abril del 2017, y que forma parte de lo que se conoce como “31-M”, confirman lo que un sector decía en ese momento, que se debía dejar que la justicia hiciera su trabajo, algo muy complicado porque había intromisión política.

“En esa época nos tocó trabajar en esto y era un caso muy complicado por la extrema intromisión política. Cada cosa era cuestionada y se tenían como base las tapas de los diarios. Ya decíamos entonces que la justicia haga su trabajo y que los elementos en el expediente determinen qué pasó”, aseguró el abogado.

Añadió que “hoy, con una tranquilidad dada en el ámbito político, la justicia está haciendo su trabajo y se viene confirmando lo que decíamos, que habían versiones interesadas, politizadas, y no se permitía trabajar a la justicia porque la intención era generar un conflicto político”.

De acuerdo a Sosa Bareiro, “muchas cosas nunca se tuvieron en cuenta; la fabricación de las bombas molotov, las piedras que tiraban los manifestantes del PLRA a la Policía, cascotes que provenían del techo del PLRA. Por sobre todo se confirma la tesis que sostuvimos, que esto fue algo orquestado, no fue producto solo de una situación de enojo de la ciudadanía. Existieron grupos organizados que lo vieron como oportunidad y generaron los tumultos como profesionales”.