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La fiscal Zunilda Ocampos Marín acusó al propietario de un inmueble rural de la colonia Ara Poti del distrito de Los Cedrales por los supuestos hechos punibles de perjuicio a reservas naturales, desecación de humedales y declaración falsa.
Se trata de João Emanoel de Almeida, de nacionalidad brasileña. Igualmente, presentó acusación contra la consultora ambiental Myrian Griselda Martínez Benítez, de profesión abogada e ingeniera ambiental, por transgresión de la Ley 716/96 del Artículo 5, “los que eludan obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas”.
Según los antecedentes, el ciudadano extranjero sería autor y responsable de haber atentado contra el medio ambiente, la calidad de vida humana y contra las relaciones jurídicas, según los diversos elementos de sospecha colectados por la Unidad Especializada en la Lucha contra Delitos Ambientales.
Esto considerando que el 14 de junio de 2022, la Fiscalía constató que el hoy acusado permitió y autorizó actividades como canalizaciones, desecamiento, profundización y ensanchamiento del canal de flujo de recursos hídricos proveniente de una naciente y la eliminación completa de vegetación, parte del bosque protector del cauce, en el interior del inmueble ubicado en el distrito de Los Cedrales, al sur de Alto Paraná, propiedad del acusado.
Con su accionar, el sindicado igualmente atentó contra los mecanismos de control de agua, afectando nacientes dentro de la propiedad, según pudo confirmar la investigación realizada sobre el caso.
El acusado, para obtener la licencia ambiental, habría empleado datos falsos en el proyecto presentado ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible para de esa manera conseguir la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y la licencia ambiental con la finalidad de habilitar suelo y realizar cultivos agrícolas mecanizados, transgrediendo las leyes ambientales.
A su vez, Myrian Griselda Martínez Benítez habría participado en los hechos para la obtención de la licencia ambiental de parte del MADES, por lo que igualmente fue imputada en su momento y ahora formalmente acusada. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, quien elevó la causa a juicio oral y público.
