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ASUNCIÓN.- Las “empresas” investigadas por la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) y el Ministerio Público ya tropiezan con los primeros indicios de supuestas irregularidades: no exhiben documentos oficiales de registros en los organismos del Estado encargados de su habilitación. No entregan recibos legales a los inversionistas captados.
“Estos elementos de por si indican que estas empresas no están legalmente afincadas en el país y no pueden operar”, explicó Fernando Escobar, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Aseguró que ninguna de las operaciones está avalada por la CNV “y por lo tanto son irregulares y las denuncias están radicadas en la Fiscalía”, explicó. También accedió a estos documentos la Seprelad, organismo que tendrá a su cargo la investigación de una eventual operación de lavado de dinero.
La empresa D9 tiene una pequeña oficina, que está todo el tiempo vacía promociona negocios en base a apuestas y como respaldo de su legalidad invocó una supuesto alianza comercial con la empresa Betfair, de origen español y reconocida mundialmente como una de las empresas de apuestas más serias. Betfair desmintió la existencia tal acuerdo.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), organismo regulador de los juegos de azar emitió un documento oficial por el cual prohíbe a D9 organizar y menos explotar apuestas deportivas.
La Fiscalía oficiará pedido de información internacional que redondeará las sospechas de irregularidad de al menos dos empresas; D9 y Miner World, dedicadas a captación de inversiones sobre la base de una rentabilidad imposible y en breve tiempo.
Stan Canova, analista financiero explicó que “estas empresas no exhiben documentos legales, tampoco recibos en base a los fondos o inversiones que captan de la gente”. Esto indica que están operando de manera ilegal.
Durante dos meses la CNV realizó un seguimiento de las operaciones de estas dos empresas, después de una serie de denuncias de posibles estafas. El presidente del Consejo, Fernando Escobar, concluyó que existen indicios de irregularidades “y hemos determinado hacer la correspondiente denuncia a la Fiscalía y remitir los documentos que recabamos”, explicó. A partir de ahí se inició la pesquisa fiscal y posterior intervención de Seprelad.
