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ASUNCIÓN. La Contraloría General de la República (CGR) anunció la apertura de exámenes de correspondencia a cuatro figuras políticas del país, tras ser señaladas por la ONG IDEA por un llamativo aumento en sus patrimonios sin justificación aparente.
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, informó que los involucrados en esta investigación son el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia; el intendente de San Antonio, Santiago Aguilera; el exdiputado Éver Noguera y el exgobernador de Guairá, Juan Carlos Vera.
La organización no gubernamental, IDEA, sostiene que estos políticos incrementaron significativamente sus patrimonios sin presentar datos que respalden dichos ingresos. Armindo Torres indicó que se realizarán exámenes de correspondencia para determinar la veracidad de estas alegaciones.
En el caso de Ricardo Estigarribia, se ampliará la investigación para incluir a sus familiares, especialmente a su madre, Edith Rosa Medina Verón, y su prima Gladys Medina, quienes, según fuentes no oficiales, podrían ser titulares de supuestos negocios del intendente. Torres enfatizó la necesidad de corroborar el origen de los fondos y destacó que la empresa RM8 Desarrollo SA, registrada a nombre de la madre y la prima, podría actuar como testaferro.
En relación a Éver Noguera, exdiputado colorado, Torres mencionó que la Contraloría ya inició un examen de correspondencia a pedido del Ministerio Público en diciembre. No se estableció un plazo para la conclusión de estos exámenes, ya que dependen de informes de instituciones públicas y privadas.
Por su parte, el intendente de San Antonio, Santiago Aguilera, será evaluado por primera vez, según la Contraloría. El cruce de datos reveló que Aguilera posee una estación de servicio en Ypané, con licencia ambiental gestionada por él mismo, pero con el terreno registrado a nombre de una empresa vinculada al entorno familiar de Ricardo Estigarribia.
En cuanto al exgobernador de Guairá, Juan Carlos Vera, sobre quien pesan múltiples denuncias en la Fiscalía, aún no ha sido objeto de investigación por parte de la Contraloría. Se le acusa de duplicar su patrimonio en dos años, poseer acciones y depósitos bancarios millonarios, así como tener empresas no declaradas a su nombre. La Contraloría evaluará la necesidad de iniciar una investigación sobre este caso.
