ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN. “Encontramos empresas clausuradas que no tenían que recibir el subsidio”, confirmó hoy el abogado Carlos Alberto Bogado Jara, titular de la Dirección de Aporte Obrero Patronal, Gerencia Administrativa y Financiera del Instituto de Previsión Social (IPS).
Si bien aclaró, en declaraciones a la 1020 AM, que la investigación se encuentra en plena etapa de desarrollo, esto subraya igualmente lo denunciado por el gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley, quien fue separado de la previsional por negarse a “barrer” este “detalle” y el del eventual colapso del ente “bajo la alfombra”.
“Si no devuelven el dinero el caso pasaremos a la Fiscalía”, aseguró entre tanto Bogado Jara, añadiendo que hasta ahora, del total de empresas verificadas, 25 firmas “no arrojaban ninguna irregularidad, cinco sí estaban cometiendo irregularidades y ya pedimos informes”.
Añadió que estos hechos pueden redundar en multas para las empresas consideradas, en este caso, “infractoras”, pero aseveró que el número de locales de empleadores a los cuales no pudieron ingresar “es muy bajo”.
“Hay algunas empresas que no nos dejaron entrar, la única forma de ingresar es a través de una orden judicial. Estas empresas se exponen a que cerremos la investigación y que pasemos al Departamento Jurídico para la devolución del dinero”, agregó.
“Estas investigaciones continúan, ya son dos meses. El presidente del IPS (Vicente Bataglia) ya envió un informe hace días anteriores”, señaló finalmente.
Cabe mencionar que hace dos semanas, Bogado Jara mencionaba que había 271 empresas “en la mira” por el señalado fraude de cobrar subsidios para sus trabajadores que declaraban como suspendidos, pero igual los hacían trabajar.
En su momento, Halley aseguró que eran 500 empresas las que cometieron estos hechos y que las autoridades del ente le pidieron “barrer bajo la alfombra” estas denuncias y no compartirlas con el público.
Dichas 271 empresas habían solicitado la suspensión del 100% de sus empleados, lo que afectaba a 1.408 trabajadores según dijo el propio Bogado Jara. Fueron fiscalizadas 30 firmas y se comprobó que “algunas firmas seguían trabajando y facturando más que nunca”, pero quedaba a cargo del IPS el pago de la compensación en concepto de salario a los “suspendidos”. Son empresas del transporte, comercios, constructoras.
