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La fiscal Zunilda Ocampos Marín afirmó ayer que los abogados Celso Willian Espínola Maldonado y Nicolás Delgado Leite son investigados por estafa y extorsión. Ambos se hicieron pasar por representantes de una marca para cobrarle 25 mil dólares a un comerciante. Los procesados comparecerán en los próximos días ante el Juzgado Penal de Garantías para la imposición de medidas. La fiscal Ocampos dijo que hasta el momento se reúnen todos los elementos para sostener un proceso en contra de los sindicados, no obstante, la investigación está en curso.
CIUDAD DEL ESTE.- La representante del Ministerio Público dijo que los imputados quedaron a cargo del Juzgado, donde deberán comparecer para conocer de su suerte. La Fiscalía requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión, teniendo en cuenta que las figuras aplicadas constituyen delitos.
El caso data del 2014; sin embargo, la pesquisa no avanzó, hasta que finalmente fue designada la fiscal Zunilda Ocampos, quien al verificar la carpeta y practicar algunas diligencias pendientes, formuló la imputación en contra de Espínola Maldonado y Delgado Leite.
La investigadora aseguró que por el momento existen suficientes elementos de sospechas sobre la existencia de los hechos punibles que se les atribuyen; no obstante, todavía quedan informes que colectar y oficios que deben recibir respuestas de diferentes instituciones, para determinar el grado de responsabilidad de los profesionales del derecho. En ese sentido, aclaró que el plazo solicitado, de cuatro meses, sería suficiente para formular el requerimiento conclusivo en la causa.
Según datos, los letrados ocasionaron una pérdida de 70 mil dólares a la víctima Pradeep Kumar Velayudhan. Los abogados le cobraron 25 mil dólares para otorgarle supuestamente la licencia a fin importar productos, pero posteriormente el Ministerio Público incautó el contenedor de mercaderías del comerciante por carecer de los documentos legales correspondientes.
LOS ANTECEDENTES
Refieren los antecedentes, que los profesionales del derecho utilizaron documentos no auténticos para hacerle creer al comerciante extranjero que eran representantes de la marca Cartoon Network y que podrían facilitarle las licencias para la importación de los ítems.
El comerciante declaró ante la Fiscalía que los ahora procesados se presentaron en su oficina a ofrecerle la autorización para importar, alegando que eran abogados de un prestigioso estudio jurídico y que tenían la representación de la marca.
El 27 de enero de 2012, le entregaron un poder de título con membrete de la marca Cartoon Network y le cobraron a la suma de 15 mil dólares americanos. Posteriormente, el 15 de enero de 2014, el hombre pagó otros 10 mil dólares americanos, a fin de que pueda realizar la importación de los artículos a Paraguay.
En agosto de ese mismo año, el denunciante intentó ingresar al país el primer contenedor con las mercaderías, cuyas marcas supuestamente le habían autorizado, pero fue retenido tras un procedimiento realizado por el entonces fiscal de Marcas, Diego Zilbervarg.
