ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN.- El concejal capitalino, Daniel Centurión, que impulsó la ordenanza que prohíbe la presencia de limpiavidrios en Asunción, refirió que los ciudadanos víctimas de estos “peajeros” pueden presentar una denuncia contra el propio intendente Mario Ferreiro, quien no hace cumplir la normativa.
Continúa el debate sobre el incidente registrado el miércoles último sobre San Martín y Mariscal López, donde el juez electoral Pedro Ricardo Arias reaccionó ante la actitud extorsiva y agresiva de una limpiavidrios. Según el edil centurión el suceso obedece al incumplimiento de la ordenanza que impulsó un tiempo y que se hizo cumplir solo durante unos meses desde mayo de 2016. “Tres meses atrás no tuvimos un limpiavidrios en las esquinas; durante seis meses fue un éxito la ordenanza”, subrayó.
Centurión destacó que está consciente que estas personas son víctimas de la desidia de los sucesivos gobiernos y de la exclusión social. Explicó que la normativa que impulsó no solo contemplaba resguardar la seguridad de los automovilistas, sino también una visión social y no busca otra cosa que la dignificación de estas personas.
El concejal aseguró que el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, nunca tuvo voluntad de materializar la prohibición. “Como no tuvo voluntad, yo tuve que hacer el trabajo que debió hacer Mario Ferreiro, pero qué pasó, me denunciaron y dijeron que hacía funciones que no me corresponden; me tuve que retirar, exigiéndoles a los concejales que me denunciaron que hagan cumplir la ordenanza”, dijo.
Rememoró que durante unos meses coordinó con la Policía Nacional la custodia de los cruces semafóricos tomados por los trabajadores informales, donde constantemente se registraban hechos de agresión contra los conductores. “Actúan en grupo de entre 10 y 15 personas, por eso son violentos, se siente protegidos porque son muchos”, manifestó el edil.
El miembro de la Junta municipal capitalino, fue más allá y vaticinó que los trabajadores informales pueden usar este caso como un impulso para generar nuevos hechos violentos y posteriormente exigir dinero para evitar problemas judiciales.
