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ASUNCIÓN. El titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), José Antonio Ortiz, comparece ante la Cámara de Senadores. El funcionario responde a un total de 15 preguntas y la sesión prosigue a estas horas.
Según algunos datos que el mismo aportó, la empresa Icrop SA figura como concesionaria en la CONAJZAR, pero no cuenta con máquina propia operada en tragamonedas y que el ente no realizó licitación pública para adjudicar a la citada firma el juego de los tragamonedas.
También aseveró que la “irregularidad de la proliferación de las máquinas tragamonedas está así prácticamente desde hace 10 años” y lamentó que CONAJZAR “no tiene las atribuciones para intervenir”.
Mencionó igualmente que existen aproximadamente 17.000 máquinas tragamonedas y que el ente, del 2015 al 2020, recibió en concepto de canon alrededor de 417.000 millones de guaraníes, asegurando que la empresa no adeuda en concepto de canon.
Entretanto, subrayó que a raíz de la pandemia se dejó de percibir un “promedio de 10 por ciento por año, unos 120 mil millones de guaraníes” y que, en este año, CONAJZAR realizó 50 fiscalizaciones de las máquinas tragamonedas.
También señaló que solo 6 municipios, de los 260 existentes, presentan su transferencia de canon.
Por el lado de los interpeladores, el senador colorado Enrique Bacchetta estimó que, atendiendo a las declaraciones de Ortíz, “se puede deducir que es pasible del delito de lesión de confianza”.
A su vez, el legislador liberal Blas Llano pidió directamente a Ortiz que renunciara al cargo por “incapaz” y falta de idoneidad. Ante esto, Ortiz replicó:”Lle agradezco sus palabras, las voy a tener en cuenta”.
También el parlamentario colorado Juan Carlos Galaverna intervino y tildó de “corrupto y servil a sectores políticos y empresariales” a Ortiz, sosteniendo que debería “echado del cargo”, remarcando que “más bien como defensor de las empresas adjudicadas”.
El senador Galaverna agregó, asimismo, que esta interpelación era “algo tragicómico porque no tiene poder coercitivo para José Antonio Ortíz”, insistiendo en que CONAJZAR “no tiene atribución para intervenir las salas de máquinas tragamonedas autorizadas por los municipios” y que solo resta acudir a la Fiscalía o al Poder Ejecutivo.
Cabe señalar que la Contraloría General de la República dispuso la “realización de fiscalizaciones especiales inmediatas” a la CONAJZAR.
