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La versatilidad zurda: ahora no buscan legalizar ocupaciones, sino “suspender” desalojos “durante la pandemia”

ASUNCIÓN. El senador Miguel Fulgencio Rodríguez (Frente Guasu), encabezó la audiencia pública virtual sobre el proyecto de Ley “De suspensión de desalojos colectivos rurales o urbanos ante la pandemia”.

Se le dio especial lugar al exponente Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), la cual presentó el proyecto en el Legislativo.

“El proyecto es muy simple, tiene como fin suspender orden judiciales o administrativas para desalojar a personas en el ámbito rural o urbano, y que el Congreso realice informes sobre los desalojos que ya se cometieron”, aseveró el secretario ejecutivo de  CODEHUPY.

Así, con esta iniciativa se da continuidad al proyecto inicial de legalizas las invasiones de tierra que había sido presentado por el senador Pedro Santa Cruz (Partido Democrático Progresista, de Desirée Masi), pero que encontró tanta resistencia en la sociedad que se vio obligado a retirarlo.

Ahora, cambiaron el ángulo. No se pretende legalizar las invasiones, sino evitar los desalojos durante la pandemia, durante los próximos dos o tres años, tiempo inicial estimado del azote del Covid-19.

En una intervención, Rodríguez expuso la “preocupación” por las 800 órdenes de desalojos pendientes en el Poder Judicial y que “las Naciones Unidas ha dicho a los gobiernos que se evite en esta época de pandemia tales situaciones, en el entendimiento que se vulneran fundamentalmente los derechos humanos”.

A su turno, Ayala Amarilla argumentó que los “desalojos forzosos” atentan contra los derechos humanos y que con “la aprobación de este proyecto las personas más vulnerables (invasoras de inmuebles) podrán tener una herramienta legal” para no ser desalojadas.

Insistieron en que “será una ley de emergencia de carácter temporal” vinculada con el fin de la pandemia y que “no modifica cuestiones sustantivas, solo buscan protección para en caso de riesgo de desalojo”.

Finamente, el representante de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, no se quedó atrás y aseguró que respaldan el proyecto.

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