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ASUNCIÓN. El proyecto de ley de emergencia penitenciaría lo había enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, tras la masacre de la cárcel de San Pedro, verificada el 16 de junio pasado. A través del vicepresidente Hugo Velázquez se había solicitado a parlamentarios la máxima aceleración para su concreción.

La Cámara de Senadores le dio media sanción el 1 de agosto último y lo remitió a diputados, que una semana después le dio su aprobación y lo pasó al Ejecutivo.

De aquí lo devolvieron brevemente a la Cámara Baja por un defecto de forma, que fue corregido y de nuevo reenviado al Ejecutivo.

Ahora que estalló una nueva crisis en el penal de Itapúa, saltó la pregunta de si ya regía la legislación de emergencia de penitenciarías.

Y la respuesta fue no, porque al decreto en cuestión le faltaba la firma del presidente Mario Abdo Benítez.

En una breve conversación con periodistas del Congreso, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, confirmó que el documento está en el gabinete del jefe del Ejecutivo.

El documento autoriza el apoyo y el empleo de las fuerzas públicas, policías y militares, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Ley 5162/2014 del Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay, para la custodia y cobertura de seguridad perimetral de los establecimientos penitenciarios.

También permite al Ministerio de Justicia la construcción de establecimientos penitenciarios con regímenes ordinarios de reclusión y de máxima seguridad.