miércoles , septiembre 23 2020
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Limosnas que provocan indignación y vergüenza

Este martes 25, después de muchas “idas” y “venidas”, el gobierno finalmente renunció a distribuir los kits de alimentos para 300.000 familias, que hace días había anunciado, e informó que en su reemplazo les entregará la suma de G. 230.000. Sus voceros calificaron el hecho como “histórico” y muy probablemente tengan razón. Ningún otro gobierno, en nuestra historia, le dio la espalda a nuestra gente de manera tan alevosa.

Esta suma irrisoria, que no supera la categoría de limosna, significa que se destinará a cada componente de una familia tipo la cantidad de … G 57.500, equivalente a 9 dólares.  ¿Acaso alguien, con sangre en las venas, puede condenar a un millón de paraguayos a subsistir en esas condiciones?

Los funcionarios que tuvieron el triste papel de comunicar esta disposición fueron Hugo Cáceres y Joaquín Roa, quienes, si hubieran arrancado diciendo que se trataba de un monto insignificante, pero que era lo que podía desembolsar el Ejecutivo ahora mismo, en carácter de urgencia, no hubiese generado la oleada de críticas que se produjo de inmediato.

Pero no fue así. Cáceres trató de presentar la cuestión como si fuera un acto que en su momento no hubieran pensado Perón, Getulio Vargas, Fidel Castro ni cualquier otro redentor  -presunto o real- de las causas populares. Y Roa manifestó su gozo porque con este “aporte”, una gran cantidad de paraguayos “comerá una rica chipa en Semana Santa”.

A pesar de eso, algunos medios y  sus periodistas apoyaron le decisión y lo justificaron en base “todo” lo que se podría comprar con 230.000 guaraníes. Una vergüenza, incompatible con la labor de la prensa, que no se reduce al triste (¿interesado?) papel de “foca”, que al menor incentivo agita sus alas a modo de aplauso.

¿Es un hecho aislado? ¿No será aporte de una ayuda mucho mayor? La respuesta la hallaremos en el plan de emergencia del Ejecutivo, aprobado ayer por el Congreso, el cual prevé destinar a un sector aún más amplio, cuentapropistas, jornaleros, despedidos, etcétera, el 25% del salario mínimo, o sea, G. 550.000, en cifras redondas.

Agreguemos, finalmente,  la suspensión por 3 meses del pago de ANDE y otros servicios, y la prohibición de desalojo a los inquilinos que abonen el 40% de lo que establece el contrato. Y colorín colorado”, a eso se reduce el “gran plan social del gobierno”, a todas luces insuficiente.

Nuestra gente precisa asistencia, no limosnas. Además, si fueran un poco más sensibles y un poco menos torpes, sabrían que con esa política agravan la crisis en todos los órdenes y boicotean cualquier medida efectiva de aislamiento. Nadie se queda en su casa, de brazos cruzados, viendo cómo sus hijos padecen hambre.

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