ADN Digital
Artículos relacionados
El asesor jurídico del Ministerio del Ambiente (Mades), Víctor González, afirmó que la institución intervino la obra de refulado que realiza la epresa Bienestar S.A. en el riacho Payaguá de Villa Hayes, propiedad de los Maká, según la denuncia de la comunidad.
Paul Hellmers es el propietario de Bienestar S.A., la empresa que continúa con los trabajos a pesar de que el Mades dispuso la suspensión de manera preventiva ante posible daño ambiental, además de la denuncia de los Maká de que invaden sus tierras para construir un barrio cerrado sin tener el consentimiento de la comunidad.
González comentó que “el Mades recibió denuncias anónimas sobre posible daño ambiental con las obras de dragado y por orden e instrucción del ministro Rolando de Barros, una comitiva se constituyó en el lugar e hizo una intervención para verificar los trabajos que se estaban realizando. En el marco de esa fiscalización se instruyó un sumario y se procedió de manera preventiva a aplicar la suspensión de la declaración de impacto ambiental, la cual servía de sustento a esa actividad.
“La actividad propuesta dentro de la declaración de impacto ambiental es para la construcción de un barrio cerrado en inmediaciones del puente Chaco’i. Los empresarios accedieron a una licencia por parte del Mades para realizar estos trabajos y en esa misma resolución se mencionaba que el terreno pertenece a la comunidad Fray Bartolomé, de la comunidad Maká”, añadió.
Sin embargo, aclaró que al momento de la intervención desconocían el reclamo de la comunidad indígena, la cual asegura que el emprendimiento privado estaría usurpando parte de sus tierras concedidas por el Estado paraguayo, ya que inicialmente el sumario se realiza por la actividad específica del dragado.
“En este momento nos estamos abocando a lo que es la actividad que pueda tener un tipo de impacto ambiental. No obstante, nosotros hemos comunicado a todas las instituciones que después deberían tomar intervención, como el INDI, y también el Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas y otros más”, manifestó.
Agregó que como medida cautelar, ante la presunción de posible daño ambiental, se dispuso dentro del sumario la suspensión de la validez de la declaración de impacto ambiental, lo que implica la suspensión de las actividades.
“Esto se da de forma preventiva por instrucciones del ministro, siendo que estas son actividades de un impacto considerable; considerando toda la coyuntura del emprendimiento, también de los pobladores de la zona, nos pareció prudente disponer antes de la conclusión del sumario, la suspensión de esta de esta declaración”, aseveró.
Si se confirma que la empresa ignoró la resolución del Mades, González dijo que dicha situación constituiría un agravante sumamente importante que se tendrá en cuenta para las resultas del sumario y además que se podría comunicar a otras instituciones para que tomen cartas en el asunto.
“Está a disposición de la investigación del fiscal de la Unidad Penal Especializada contra Delitos Ambientales, Fernando Ariel González, para colaborar y entregar cualquier información que se requiera para el caso”, concluyó.
