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ASUNCIÓN. En la misma línea de la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay lanzó un comunicado instando a las autoridades a respetar la institucionalidad, la autonomía e independencia de los órganos constitucionales de la República. Es en referencia a la intención del oficialismo y un grupo de opositores de someter a juicio político a la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, aún sin un motivo valedero.
“La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, entidad gremial que agrupa a los operadores de justicia del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Justicia Electoral y Sindicatura de Quiebras, e integrante de la Federación Latinoamericana de Magistrados y la Unión Internacional de Magistrados, expresa su preocupación ante la posibilidad que situaciones externas -ajenas a las previstas en la Constitución y las leyes- pueden afectar a la labor y gestión institucional del Ministerio Público”, refiere la nota.
Señala que “En tal sentido, el mismo es el órgano constitucional titular de la acción penal público que la ejerce como representante de la sociedad, que tiene como misión y función principal la investigación de los hechos punibles que llegan a su conocimiento, pero siempre regido por el principio de objetividad en sus actuaciones”.
“Debido a la importancia del rol constitucional del Ministerio Público, goza de independencia y autonomía en su gestión, a fin de que pueda ejercer la acción penal pública sin estar sometido en el ejercicio de su función a otros órganos y cuestiones externas a las contempladas en la Constitución y las leyes”, añade.
Puntualiza: “Por ello, la Asociación de Magistrados del Paraguay insta a todas las autoridades a respetar la institucionalidad de los órganos constitucionales de la República, así como la autonomía e independencia de los mismos, lo que significa que los operadores de justicia estamos ajenos a rendir cuentas de nuestra gestión, pero sin que en ella primen cuestiones ajenas a las previstas en la Constitución y las leyes, y poniendo en primer lugar el respeto a las mismas con miras al fortalecimiento del estado de derecho”.
