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Para evitar coimas de policías y “zorros”: avanza proyecto videocámaras corporales

ASUNCIÓN. La Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves, de la Cámara de Diputados, dictaminó a favor de la aprobación del proyecto de ley “Que establece la implementación de videocámaras corporales en los procedimientos realizados por funcionarios del Estado (Anticoima)”.

El objetivo sería disminuir o evitar que efectivos policiales o de la Patrulla Caminera incurran en cohecho pasivo agravado, el famoso cobro de coima, a ciudadanos que estén en falta o infracciones contra disposiciones vigentes. Además, se pretende que se puedan usar en allanamiento o incautaciones. No se menciona si afectaría a inspectores o policías municipales de tránsito.

“La iniciativa, tiene como proyectistas a los diputados Tito Ibarrola (PPH-Central) y Carlos Rejala (PPH-Central) y tiene por objeto incorporar videocámaras corporales en funcionarios que, en representación del Estado, actúen en cumplimiento de sus facultades legales”, dijeron desde la Cámara de Diputados.

Como se mencionó, de convertirse en ley la propuesta, el uso de las videocámaras corporales alcanzaría a efectivos en “la investigación de hechos punibles o infracciones administrativas, procedimientos, inspecciones, allanamientos, registros y secuestros de lugares, personas o bienes”.

“Lo que pretende este proyecto es transparentar y garantizar, a través de estos medios tecnológicos, los procedimientos que realizan los funcionarios estatales encargados de los procedimientos de control”, argumentó Ibarrola.

También se remarcó que la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno se mostró favorable a la incorporación de las videocámaras, pero con algunas modificaciones. Pretenderían que alcance también a funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y de la Secretaria Nacional Anticorrupción (SENAC).

De convertirse en ley, se espera que en un operativo, el funcionario active su videocámara al momento de iniciar un procedimiento y la apague al terminar.

Se destacó que, “en ningún caso, el funcionario tendrá la posibilidad de editar o borrar los videos de los procedimientos que haya realizado”.

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