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LIMA.- Las miradas en Perú quedaron puestas en los 25 congresistas que, a más tardar el 25 de este mes, deben pronunciarse sobre la denuncia constitucional de la Fiscalía contra el presidente Pedro Castillo, eventual primer paso de una salida definitiva o temporal del mandatario del cargo.
En ese lapso, esos 25 parlamentarios, miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, podrían archivar la denuncia por no incluir las causales previstas por la Constitución, pero también podrían darle luz verde a un proceso que se vislumbra extremadamente polémico.
Si la Subcomisión decide archivar la denuncia contra Castillo por tráfico de influencias agravado y colusión, el asunto se cerrará automáticamente. De lo contrario, el grupo designará a uno de sus miembros para que elabore una ponencia y dé paso a un proceso que podría tardar varios meses.
Para el constitucionalista Omar Cairo, de las fórmulas que tenía la Fiscalía, la de la denuncia constitucional ante el Congreso, elegida por la fiscal general, Patricia Benavides, no solo es “la más engorrosa y complicada”, sino que podría llegar a la conclusión de que a Castillo se lo puede juzgar, pero cuando termine su período en 2026.
“No sé si la fiscal sabe eso o si los congresistas que están aplaudiendo la denuncia lo saben”, ironizó Cairo, quien, como varios constitucionalistas, se dedica a explicar aspectos complicados para los no versados.
Por lo pronto, se sabe que 11 de los 25 integrantes de la Subcomisión son partidarios de sacar a Castillo y otros 11 no. De los tres restantes no está clara su posición. El análisis es importante ante la posibilidad alta de que los argumentos políticos eclipsen a los jurídicos.
Benavides, a quien el oficialismo acusa de estar aliada con las fuerzas de derecha que quieren sacar a Castillo y su gobierno de izquierda, presentó la semana pasada la denuncia por supuestos tráfico de influencias agravado y colusión. Según el fiscal adjunto, Marcos Huamán, el Ministerio Público tiene 190 elementos probatorios.
Para constitucionalistas, la denuncia apunta a dos objetivos: que se le permita a la Fiscalía profundizar las acciones contra el presidente al margen de la inmunidad y que se potencie un juicio político ante los hechos de supuesta corrupción que probarían la “incapacidad moral” del gobernante.
En opinión de Cairo, para lo primero Benavides habría podido apelar a un juez y, para lo segundo, lo preferible habría sido que desde el Congreso se insistiera en casos específicos de presuntos delitos, como, por ejemplo, las supuestas acciones de Castillo para proteger a acusados.
El punto débil de la denuncia, y que de hecho para varios constitucionalistas la hace inviable, es que la Constitución menciona cuatro figuras específicas para procesar a un mandatario en funciones y ninguna de ellas -traición a la patria, cierre ilegal del Congreso, impedimento de elecciones o intervención a organismos electorales-, está en el caso.
No obstante, Benavides, al presentar la denuncia, invocó la Convención Contra la Corrupción, instrumento de Naciones Unidas del que Perú es signatario.
Ahí se dividen los expertos, pues algunos opinan que la Convención sí es aplicable, pero otros dudan de que en Perú los tratados internacionales tengan rango constitucional y puedan, por lo tanto, contradecir otros puntos de la carta magna.
Para el analista César Hildebrandt, duro crítico de Castillo pero quien también se hizo eco de denuncias contra Benavides por presuntas irregularidades, el presentado por la Fiscalía es en general “un texto chiflado y odioso, redactado por abogados de tercera y fiscales vicarios”.
En ese mismo sentido, el embajador en Madrid, Oscar Maúrtua, quien fuera canciller de Castillo, se involucró con una carta para la prensa española, en la que sostuvo que la denuncia es “un instrumento que debilita la democracia y la institucionalidad del Perú”.
La defensa
Mientras tanto, Castillo libra su propia batalla legal, con acciones de amparo para que se suspendan las acciones. Hasta ahora, la estrategia de la defensa, liderada por Benji Espinoza, se basa más en los presuntos abusos cometidos en los procedimientos que en desvirtuar cargos.
El mandatario, no obstante, marcó distancia con las acciones judiciales contra Benavides que emprendieron dos abogados de los que se estableció que tuvieron varios encuentros recientes con él.
Benavides es acusada de maniobrar internamente para remover a fiscales que investigaban a sospechosos de corrupción, como a su hermana Emma Benavides, jueza señalada por supuestamente recibir dinero del narcotráfico.
En ese contexto, voceros oficialistas opinaron que el protagonismo de la fiscal general apunta a ganar apoyo político y mediático para sus propios problemas. Es la primera vez en la historia peruana que la Fiscalía investiga a un presidente en funciones.
Las acciones contra Castillo, basadas en gran parte en testimonios de personas que le fueron próximas y que ahora son colaboradoras de la Fiscalía, apuntan a la existencia en el Palacio de Gobierno de una supuesta red de corrupción para traficar nombramientos de funcionarios y entregas de contratos.
De esa supuesta red forman parte, según la Fiscalía, familiares del presidente -como su esposa, tres cuñados y dos sobrinos- y antiguos amigos suyos que además, en algunos casos, fueron financistas de su campaña electoral.
Choques con la oposición
Castillo, profesor rural de 52 años sin mayores antecedentes en política, llegó a la presidencia el año pasado de la mano del partido marxista leninista Perú Libre (PL), y desde entonces mantuvo choques duros y sin pausa con la oposición, que ya dos veces intentó destituirlo, sin éxito.
De la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, primera célula del Congreso en abordar el tema, forman parte tanto obstinados adversarios de Castillo como parlamentarios que le mantienen fidelidad al margen de la ruptura de la bancada de PL. Télam.
