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BRASILIA. El discurso de batalla implacable contra la corrupción y renovación radical de la clase política, fue clave para que los brasileños dieran la victoria al hasta entonces irrelevante diputado Jair Bolsonaro. Por eso invitó al idolatrado juez Sergio Moro al Gobierno como ministro. Pero las vagas promesas electorales del ultraderechista en ese ámbito no se han concretado en avances en su primer año como presidente. Todo lo contrario. Los retrocesos por parte del Ejecutivo pero también del Poder Judicial y del Legislativo son de tal calibre que la OCDE envió una misión en noviembre.
Una de las decisiones brasileñas que más alarmó al club de países ricos fue tomada por el presidente del Tribunal Supremo en respuesta a un recurso del primogénito del presidente, el senador Flavio Bolsonaro, investigado por malversación de fondos y blanqueo de dinero. El juez José Antonio Dias Toffoli limitó el uso en las investigaciones de información obtenida por el organismo público que lucha contra el lavado de dinero (la Coaf), un fallo que paralizó las pesquisas sobre el caso de Flavio y otros 900. “Tuvo un impacto sistémico, prácticamente paralizó el sistema de combate del blanqueo de dinero durante medio año”, explica en una entrevista Bruno Brandão, director ejecutivo de Transparencia Internacional en Brasil. La decisión del magistrado fue revocada por sus compañeros del Supremo a fin de año, cuando el pleno lo debatió.
El grupo de trabajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contra los sobornos difundió, tras su visita en noviembre, un corto pero contundente comunicado, reflejo de una honda preocupación que comparten los representantes europeos en Brasilia: “Estamos bastante alarmados de que lo que Brasil había logrado en los últimos años en la lucha contra la corrupción puede verse ahora seriamente comprometido”. La misión añadió que Brasil debía reforzar los mecanismos anticorrupción, “no debilitarlos”.
Brasil ha sacado de nuevo la peor nota de la serie histórica en el examen de la percepción de la corrupción en el mundo recientemente difundido por Transparencia Internacional. Sus 35 puntos —los mismos de 2018— le colocan en el puesto 106 de una lista que encabeza Dinamarca. “Pese al discurso y las promesas de gran renovación por parte del presidente, congresistas y senadores, 2019 fue pésimo en términos de reformas contra la corrupción”, según Brandão, el máximo responsable de la ONG en Brasil. Una de las mayores contradicciones de Bolsonaro, según el representante de Transparencia, es su abierta hostilidad contra la prensa y la sociedad civil, cuya fortaleza es clave para reducir la corrupción.
El temor a que Brasil frene sus enormes avances en los últimos años contra la arraigada corrupción que lubrificaba las relaciones entre la política y el empresariado es mayor en el extranjero que en Brasil, donde la polarización política también contamina este asunto. Aunque las maniobras de Bolsonaro para proteger a su hijo causan recelo en parte de sus votantes.
Las protestas de 2013, las mayores de la historia de Brasil, derivaron en la operación Lava Jato, que envió a prisión a multitud de políticos y empresarios poderosísimos. Muchos de los intocables dejaron de serlo, incluidos los expresidentes Lula da Silva y Michel Temer, que se declaran inocentes, o el constructor Marcelo Odebrecht, que delató a terceros.
Brandão recalca que los tres poderes han tomado decisiones que suponen retrocesos graves. Lo peor del Gobierno, explica, son las interferencias políticas en nombramientos y destituciones en puestos clave en la lucha contra la lacra. Por ejemplo, Bolsonaro rompió la tradición de nombrar un fiscal general del Estado entre la terna elegida por los fiscales, destituyó al jefe de la policía federal en Río de Janeiro (precisamente la ciudad donde su hijo es investigado) y al jefe de la Coaf, que persigue el blanqueo. (Con información de El País)
