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El fiscal Orlando David Quintana pidió juicio oral y público para el propietario de un establecimiento rural, un ciudadano brasileño, y dos empleados paraguayos, acusados por supuestos hechos punibles contra el medio ambiente (incumplimiento de medidas de mitigación y canalización). Ellos son Clevison Rosa Araujo (42), dueño de la propiedad; Ramón Ocampos (31) y Osvaldo Rubén Mereles (39), encargados del lugar. El requerimiento conclusivo fue presentado en el Juzgado Penal de Garantías Nº 5, a cargo de la magistrada Cinthia Garcete.
Según los antecedentes, los hechos se descubrieron el 4 de agosto de 2023. En esa ocasión, los operadores de maquinaria pesada Ramón Ocampos y Osvaldo Mereles fueron sorprendidos realizando trabajos de movimiento de suelo de gran envergadura en un terreno altamente inundable, ubicado en el distrito de Yguazú, propiedad de Clevison Rosa.
Los trabajos consistían en la creación de canales artificiales para el drenaje y desecación de humedales, ordenados por el dueño del lugar a fin de habilitar el área afectada para el desarrollo de actividades agrícolas. Los canales artificiales desembocaban en el Río Monday, cauce hídrico colindante a la propiedad, según refiere el escrito fiscal.
La Fiscalía Especializada en hechos punibles contra el Medio Ambiente realizó un allanamiento en el inmueble, en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el juez Carlos Vera Ruiz. Durante el operativo, se confirmó los movimientos de suelo de gran envergadura, que consistían en la creación de canales de drenaje, así como la limpieza de vegetación y la apertura de canales en otra zona baja también inundable. Los intervinientes incautaron las maquinarias utilizadas para los trabajos.
Al considerar que las actividades se realizaban sin la autorización pertinente, en este caso una licencia ambiental con medidas de mitigación requeridas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el fiscal Orlando Quintana presentó en su momento la imputación contra los presuntos involucrados. Ahora, tras cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, el Ministerio Público formuló la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
