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El procurador general de la República, Marco Aurelio González, ratificó en el programa Fuego Cruzado, por canal GEN – Nación Media, que las tierras de “Jardines de Remansito” pertenecen al Estado paraguayo y el presidente Santiago Peña dio la orden de hacer valer ese derecho.
“La posición del gobierno es irrenunciable en el sentido de que tiene argumentos sólidos para que los terrenos vuelvan a su propiedad. Y los que todavía ocupan las tierras de Remansito llevan las de perder en caso de que resuelvan ir a estrados judiciales”, aseguró González.
Recordó que “dos personas que ocupaban esos terrenos ya los entregaron, con lo que eximen al Estado para litigar. Ahora esperamos que el resto haga lo mismo. Esperamos que sigan el ejemplo las demás personas, de forma que ahorremos costos innecesarios, porque litigar tiene sus costos. Porque el Estado puede iniciar otras acciones y es un problema que se puede ahorrar, porque son del Estado, es de todos los paraguayos y no puede haber privilegios para un sector”.
Según el procurador, el caso de las 131 hectáreas ocupadas por los conocidos como invasores VIP es solamente una parte de un problema más grande, en donde también están involucradas propiedades del Ministerio de Defensa.
“El problema de la Finca 916 es más amplio. Hay 9.000 hectáreas, pero ahora estamos enfocados en las 131 hectáreas. La misma finca tiene diferentes situaciones jurídicas”, agregó.
González expresó que, en el análisis amplio del problema, se verifican diversos escenarios y estatus legales en materia de propiedades.
“Dentro de ellas están todas las propiedades del Estado; en algunos casos, han sido desafectados y se ha permitido su venta a otras personas, y están en proceso de revisión. El Ejecutivo resolvió realizar todas las acciones para trasparentar todos los expedientes que hacen relación a las propiedades estatales”, manifestó.
El alto funcionario aseveró que “a raíz de esta circunstancia, como medida racional y lógica, decidimos realizar diligencias para conocer quiénes, cuántos y en qué carácter están, porque no cuentan con ninguna legitimación, desde nuestra perspectiva. Hay gente que presentó un pedido de certificado de Indert temporal, pero que no tiene validez. Por otro lado, habrían cedido con contrato privado que decían tener un tipo de derecho, pero tampoco cuentan con ningún derecho”.
“Por otro lado, hay gente que dice que pertenecen al municipio de Villa Hayes y tampoco cuenta con ningún tipo de derecho y menos a la propiedad, porque siempre perteneció al Estado, nunca fue traspasado, fueron propiedad de la Copacar, y el Estado se quedó con parte de los bienes y pasó al Ministerio de Defensa. Y solamente a través de una ley se puede autorizar”, concluyó.
