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ASUNCIÓN.- Ayer, el Ejecutivo anunció un proyecto de ley que, aunque en su acápite habla de la sanción a funcionarios que realizan vacunaciones VIP, en el texto otorga también mayor poder a la Policía y la Fiscalía para castigar a quienes violan las restricciones sanitarias, lo que, según el abogado Jorge Vasconsellos, es un reconocimiento de que hace más de un año las autoridades actúan de manera irregular.
En conversación con la 970 y GEN, Vasconsellos dijo que con el proyecto se pretende modificar el Código Procesal Penal y la estructura administrativa del Ministerio de Salud.
Criticó también que en el proyecto se castiga solamente al funcionario que vacunó de manera indebida a las personas que no estaban en el rango de edad permitida pero no a la persona que fue privilegiada con dicha acción, posiblemente valiéndose de alguna influencia de la que hizo uso y que, posiblemente con su actitud privó de la vacunación a una persona mayor y vulnerable.
“Yo no creo que la privación de libertad sea la solución a todos los problemas sociales en nuestro país, pero sí alguna sanción debe merecer”, añadió.
Tampoco está de acuerdo con que las vacunas tengan carácter patrimonial porque no son un objetivo material de contenido económico que se pretenda proteger, por lo tanto no corresponde que se hable de hurto, sustracción o apropiación de las mismas.
