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Patricia Samudio, presidente de Petropar, no desmiente y tampoco explica qué quiso hacer con el dinero de la petrolera al retirarlo del Banco Nacional de Fomento y depositarlo en bancos privados, justo en los que su esposo José Costa Perdomo, tiene elevadas deudas. Existen elementos suficientes para que la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público inicien investigaciones ante los probables hechos irregulares con el dinero público. La sospecha es la comisión por el depósito (bajo la mesa) y la devolución de favores al banco que le da crédito. Además desacató la Ley del Presupuesto General de la Nación que prohíbe cuentas de empresas del Estado en bancos privados.
ASUNCIÓN.- Los medios de prensa no registran de momento las explicaciones de Patricia Samudio, presidente de Petropar, relacionadas a las colocaciones del dinero de la compañía del Estado en bancos privados. Este movimiento financiero es a todas luces ilegal, pues contraviene a las disposiciones de la Ley más importante de la República, el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Paralelamente a la existencia de estos fondos, que no serían los únicos, demuestran también que el gobierno anterior dejó con buena salud económica al ente; hecho que la actual administración no lo reconoce.
Por otro lado, hasta el momento brillan por su ausencia la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio Público. Existen documentos oficiales ya publicados en investigaciones periodísticas que prueban las operaciones mencionadas.
Samudio ordenó el retiro de cuentas de Petropar en el Banco Nacional de Fomento (BNF) la suma de US$ 43 millones a cuentas en los bancos privados GNB, Regional e Itapúa. Existe una coincidencia; estos bancos son acreedores de la empresa Triqueta SA, propiedad de José Costa Perdomo, esposo de Samudio.
La sospecha es la comisión por el depósito (bajo la mesa) y la devolución de favores al banco que le da crédito. Los intereses que generan estos montos no declarados pueden ir a amortizar la deuda de Triqueta SA.
Además desacató la Ley del Presupuesto General de la Nación que prohíbe cuentas de empresas del Estado en bancos privados. Nada de estos supuestos fueron respondidos y menos desmentidos –con documentos- por parte de la titular de la petrolera del Estado.
Lo que no explica Samudio y que ya está orillando la comisión de irregularidades, es que ignoró lo que establece un decreto presidencial que obliga a las instituciones del Estado a depositar sus recursos en el Banco Nacional de Fomento (BNF)
Decidió de manera inconsulta la transferencia al banco GNB PGY de US$ 20 millones. Coincidentemente este banco es uno de los principales acreedores de Triqueta SA, por un valor de G. 2 mil millones.
El monto dólares es parte US$ 43 millones que retiró de una cuenta de Petropar en el BNF cuyo depósito es de US$ 123 millones. El resto de ese dinero, US$ 80 millones sigue en Fomento.
La Ley permite una cuenta en dos bancos privados, Itaú y BBVA, pero cuando se realizan operaciones facturadas en el exterior; lo que quiere decir es que la Ley permite transferencia de fondos a un proveedor internacional. En el caso que involucra a Samudio y otros bancos privados no tiene asidero legal
DEUDAS DE TRIQUETA S.A.
Aunque Patricia Samudio, presidente de Petropar, intentó desmentir que la empresa familiar negocia con combustibles, los documentos aparecidos y publicados dicen lo contrario. Triqueta SA, propiedad de José Costa Perdomo, esposo de la jefa de la empresa petrolera del Estado, administra estaciones de servicios. Se dedica a la compra y venta de combustible y una de estas bocas de expendio es la estación Puma ubicada en Villa Elisa.
La empresa enfrenta una deuda con el sistema financiero de G. 26 millones; y otras más con otras distribuidoras como Copetrol de la familia Zapag, Petromax de Monte Alegre, empresa de Conrado Hoeckle, asesor de Mario Abdo Benítez, Gasur y Barcos y Rodados entre otros.
El depósito ordenado por Samudio a los bancos GNB, Regional e Itapúa como mínimo llama la atención porque estas entidades financieras son las principales acreedoras de Triqueta SA.
El caso de la venta de combustible de la petrolera estatal a bajo precio a la empresa Monte Alegre SA, también genera mucha suspicacia. Samudio vendió 7,5 millones de litros al precio anterior, dos días antes de entrada en vigencia de los nuevos precios, con lo que Hoeckle cerró un negocio redondo que le dejó al menos US$ 1 millón más de lo que ya ganaría si vendiera al precio anterior.
DECRETO IGNORADO
El Decreto N° 5.402 de fecha 10 de junio del 2016, por el cual se reglamenta el artículo 210 de la Ley N° 5.554/2016 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016” se establece que “todos los recursos institucionales de los organismos y entidades del Estado deberán ser depositados, de manera gradual, en cuentas habilitadas o cajas de ahorro u otro instrumento financiero en el Banco Nacional de Fomento…”.
Este decreto fue ignorado por Patricia Samudio, presidente de Petropar, configurándose una grave falta que deberá ser investigada y calificada por el Ministerio Público.
Petróleos Paraguayos es una institución que mejoró ni nivel financiero y operativo y la gestión de Samudio arriesga la vuelta una caída.
El mismo presidente de la República guarda silencio hasta el momento y de descubrirse hechos de corrupción podría salpicarle debido a que estaría involucrado también su asesor y amigo Conrado Hoechle en operaciones de privilegio en las operaciones de la compañía petrolera.
