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ASUNCIÓN. La Cámara de Senadores debe decidir si concede o no el desafuero del senador Rafael Filizzola, quien enfrenta cargos de lesión de confianza en un caso que viene dilatando desde hace 10 años. El esposo de la exsenadora Desirée Masi está acusado por un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción durante su mandato como ministro del Interior.
El proceso contra el senador Filizzola tomó un nuevo giro con la comunicación judicial emitida por el juez penal de garantías de la capital, Yoan Paúl López. El magistrado notificó al Congreso Nacional sobre la situación legal del senador, que enfrenta acusaciones de lesión de confianza por el mencionado perjuicio económico.
El desafuero de Filizzola permitiría que continúe siendo sometido a la justicia y enfrente la audiencia preliminar que determinará si se llevará a cabo un juicio oral y público en su contra.
En respuesta a esta notificación, el senador Filizzola expresó a través de su cuenta de redes sociales su postura sobre las inmunidades parlamentarias, señalando que no deberían obstaculizar el avance de los procesos legales. Además, adelantó que en la próxima sesión solicitará que se trate su desafuero “sobre tablas” y sea aprobado en cumplimiento del artículo 191 de la Constitución Nacional. Sin embargo, durante una década ha estado chicaneando el caso a través de acciones dilatorias.
El caso que involucra al senador Filizzola, conocido como “La tragada de Filizzola”, se centra en las refacciones realizadas en 24 comisarías, para las cuales se firmó un contrato por un monto de G. 1.131.812.500. Según el acta fiscal, Filizzola inició el proceso de licitación sin la existencia de una necesidad o solicitud de los responsables de las áreas afectadas que respaldaran la construcción. Además, no se llevó a cabo un estudio técnico con un relevamiento de datos de cada comisaría.
Además de estas irregularidades, se alega que el exministro ordenó el pago a pesar de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que, según la fecha del llamado y el proceso administrativo, las obras no estarían terminadas. para el último día hábil del periodo fiscal 2010. Esto habría ocasionado un perjuicio de G. 408.112.313, según la investigación fiscal.
