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Como era de esperar, el Decreto 5.554/2016, por el cual se suspendió el pago de “gratificaciones” o “premios” a los funcionarios del Poder Ejecutivo, tuvo un impacto muy fuerte en la sociedad, que recibió la noticia con total beneplácito, a diferencia, claro está, de los directamente afectados, molestos por “millones” de razones. Éstos últimos, sin embargo, fueron superados en su malestar por los inmaduros referentes de la disidencia colorada y sus aliados de la oposición, para quienes lo peor de lo peor, aquello que realmente les saca el sueño, no son los problemas del país y de nuestro pueblo, sino que sea Horacio Cartes el que los vaya resolviendo.
La decisión de suspender los inaceptables privilegios de un sector de los funcionarios, que el resto de los trabajadores jamás soñó disfrutar, debería ser repaldado por todas las fuerzas políticas. Además, no se trata de “un rayo en cielo despejado”, un hecho aislado para “quedar bien” ante la ciudadanía, sino parte de la batalla que está librando el Ejecutivo para que el Estado deje de ser el “botín” de guerra que utilizan los gobernantes de turno a fin de beneficiar a operadores políticos, familiares, amantes y amigos; sino que se acceda a la administración pública por reunir los méritos suficientes como para desempeñar determinadas funciones y se obtenga la remuneración que en justicia corresponde.
La “pichadura” de disidentes y opositores no se limita al Decreto del pasado jueves. Una semana antes reaccionaron igual o peor cuando el gobierno anunció el proyecto para ajustar anualmente el salario mínimo, adecuándolo al índice inflacionario, al que algunos “socialistas”, como la senadora del PDP Desirée Masi, calificaron de “populista”, siendo que se trata de una cuestión básica de justicia social.
Y también evidenciaron su disgusto cuando el Ejecutivo logró reanudar las negociaciones con las organizaciones campesinas que amenazaban con “sitiar” Asunción, a lo que disidentes y opositores apostaban con todas sus fuerzas, al extremo de dejar sin quórum la última sesión del Senado, en la que debía aprobarse una ampliación de 35 millones de dólares para el MAG, necesarios para desarrollar proyectos destinados a solucionar problemas de una gran cantidad de labriegos.
De igual modo, hacen lo imposible por evitar que los campesinos de Guahory se avengan a una salida al conflicto que sostienen con los propietarios legales de esas tierras, tal como plantea el INDERT, sea mediante la adquisición de parcelas en zonas aledañas o en otras regiones del país. A cambio, instigan a esas pobres familias que necesitan una respuestas urgentes a que exijan al gobierno la anulación de los títulos y se les otorgue a ellos, lo cual solo podría lograrse mediante un juicio ordinario, que podría culminar después de una década y si saber de ante mano cuál será el resultado.
En pocas palabras, si el decreto que suspende los dobles o triples “aguinaldos encubiertos” fortalece la imagen del presidente, no importa que sea lo justo, hay que tirotear. Si su proyecto para que el sueldo mínimo se ajuste todos los años tiene el mismo efecto, hay que acusarlo de “populista”, aunque beneficie directamente a 420.000 jefes de familia. Si hay conflictos sociales que con un poco de voluntad política pueden ser superados, hay que poner todas las trabas habidas y por haber. He ahí la gran “estrategia” opositora.
No sería nada extraño que ahora, a la luz del nuevo Decreto, promuevan una ola de conflictos en el sector público, como de hecho preanuncia uno de los sindicatos influenciados por el Frente Guasu, el SITRANDE. También es posible que lo acusen a Cartes de violar los contratos colectivos, la ley, los Tratados Internacional y la Constitución Nacional. Pero a pesar de ellos, el país tiene que seguir avanzando.
¡Adelante con el decretazo!