Viernes , noviembre 16 2018
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Bandidos, sin antifaz, asaltan a conductores

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Días pasados, se hizo viral a través de WhatsApp un audio en el que un hombre denuncia a agentes de la Policía Caminera de haber alterado la prueba de alcotest que le practicaron y pretender imponerle una “multa”. Como dice el refrán, nada nuevo bajo el sol. Llama la atención, sin embargo, que el titular de la institución, Derlis Darío Núñez, saliera a desmentir el hecho a la velocidad del rayo, como si la repartición a su cargo fuera modelo de transparencia y la “coima”, para ella, una práctica completamente desconocida.

Núñez basó su descargo en fundamentos tales como que “los resultados de la prueba no pueden cambiarse, ni ser objeto de operativos irregulares”, agregando que “generalmente se lanzan este tipo de audios a los efectos de generar una especie de sicosis contra los controles de alcotest, pero aseguramos que los dispositivos están controlados y verificados”.  ¿Lo habrá dicho en serio?  ¿Cómo que sicosis? O el hombre es un “caído del catre”, porque se trata de una realidad que se sucede casi todos los días y en todo el territorio nacional, o cómplice de uno de los métodos más canallas y extorsivos al que sistemáticamente son sometidos muchísimos ciudadanos.

El verdadero problema no es la efectividad del dispositivo, ni su inviolabilidad, sino que los controles no tienen por finalidad sacar de circulación a los que incumplen con la normativa de “tolerancia cero” para los que consumieron alcohol. La finalidad es “desplumarlos” y… que sigan viaje.

Son operativos de neto corte mafioso, de los que también participan la Fiscalía y la Policía Nacional. A veces en conjunto, a veces por separado. Les retienen a los conductores y de inmediato comienza el “apriete”. Agentes de la Patrulla Caminera piden documentos que no le competen, como cédula de identidad y del vehículo, mientras los policías exigen la presentación de la habilitación. Y según “la cara del cliente”, pasan a la segunda fase, la del test de alcoholemia, para el cual, en muchos casos, utilizan el mismo dispositivo que ya dio positivo en otros, lo cual es repugnante desde todo punto de vista.

En este tema nos permitimos hablar en plural porque se trata de una práctica por demás extendida. No estamos ante denuncias aisladas, sino al revés. La excepción es toparse con agentes de la Patrulla o de la Policía o de la Fiscalía que obran con corrección, que no recurren al chantaje y que no están aguardando la esperada “coima”, cuando no son ellos mismos quienes la reclaman y con cifras muy precisas. Motos, G. 10.000 o 20.000. Vehículos “chileré”, en torno a G. 200.000, y sumas más elevadas si son del representante, pudiendo alcanzar los 100 dólares si son BM, Audi o Mercedes Benz.

Las estadísticas que divulga la Dirección Nacional de Patrulla Caminera dan risa, después de superar la indignación. Dice realizar cerca de 2.000 procedimientos semanales en todo el país, de los cuales, 250 conductores dan positivo al alcotest. ¿Solo 250? Esa puede ser la cantidad de personas que “no aflojaron” o que no tenían efectivo  o que su estado de ebriedad era tal que se dormían sobre el volante, por lo que no cabía otra opción más que multarles y/o imputarles. Pero en total, ¿apenas 250, siendo que solo en Ciudad del Este, un fin de semana, son “cazados” igual o más cantidad de automovilistas?

Si los responsables de la Patrulla Caminera y la Policía Nacional, así como los mandos superiores de la Fiscalía, quisieran poner fin al proceder extorsivo de sus agentes y, efectivamente, hacer que cumplan con sus labores como corresponde, bien podrían recurrir a la tecnología para controlar en tiempo real y grabar todos y cada uno de los operativos. Pero no lo hacen, ni tampoco investigan las denuncias contra los funcionarios que están robando de manera descarada a la gente y a las instituciones que representan.

En consecuencia, cualquier puede presumir que hacen la vista gorda o que forman parte de esta rosca de bandidos con uniformes y chalecos, que hizo de los “controles” un lucrativo negocio.

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