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A pocos días de cumplirse tres meses del “impeachment” que destituyó del cargo a Dilma Rousseff, nada parece haber cambiado en sentido positivo en el Brasil. Al contrario, su reemplazante, Michel Temer, perdió ayer al sexto ministro de su gabinete, Geddel Vieira Lima, encargado de las relaciones con el Congreso y considerado un “peso pesado” del gobierno, el cual nunca logró estabilidad en estos casi 90 días de gestión, jaqueado por una profunda crisis económica que no muestra los menores síntomas de recuperación.
Esta nueva dimisión se produce apenas una semana después que hiciera lo propio el ministro de Cultura, Marcelo Calero, quien alegó haber sido presionado por Vieira Lima para que intercediera a fin de que un órgano dependiente de la cartera a su cargo autorizara la construcción de un edificio de departamentos de lujo en una zona protegida de Salvador, Bahía, en donde el secretario de Estado que renunció en la víspera había adquirido una millonaria propiedad.
La gravedad del problema no estriba únicamente en que se trata del sexto ministro renunciante, ni que, al igual que casi la totalidad de los anteriores, está envuelto en un presunto ilícito. Ocurre que Calero no solo disparó contra el encargado de las relaciones con el legislativo, sino también contra el propio Temer, quien igualmente lo habría presionado para “ayudar” a Vieira Lima, con el agravante de que el exencargado de Cultura asegura haber grabado dichas conversaciones, algo que se tornó común entre los altos funcionarios en los últimos meses.
Este hecho fue el que precipitó la renuncia del “peso pesado”, quien a pesar de ser blanco de las críticas era sostenido por Temer contra viento y marea. Pero, ¿Qué pasaría si tales grabaciones salen a la luz pública? Lo más probable es que signifique un golpe letal para el impopular presidente, que carga sobre sus espaldas con las sospechas de haber tenido participación en el mega escándalo de la Petrobras, conocido como “Lava Jato”, que ya tumbó a otros cuatro integrantes de su gabinete.
Este nuevo capítulo de la crisis en Brasil se libra además en un escenario político cada vez más convulsionado, en el cual el Congreso intenta aprobar una ley que si bien se denomina “10 medidas contra la corrupción”, en realidad está al servicio de brindar una amnistía para los parlamentarios y políticos afectados al caso de la petrolera estatal.
El proyecto que Diputados pretende votar el próximo martes establece sanciones para los funcionarios vinculados a sobornos, pero, entre medio se “desliza” un párrafo que establece las penas “a partir de la aprobación de esta ley”, dejando constancia que antes no configuraba un delito.
La premura de los “avivados” legisladores obedece a que la próxima semana debe suscribirse el acuerdo para la “delación premiada” por parte del grupo Odebrecht, empresa que estuvo a la cabeza del esquema de distribución de coimas a cambio de grandes contratos con Petrobras, mediante el cual sus directivos obtendrán una reducción de las penas carcelarias que le fueron impuestas, a condición de identificar a parlamentarios y altos funcionarios ligados al escándalo, que serían más de 100.
En resumidas cuentas, Brasil se debate entre la crisis política, que tiene como protagonistas a un Ejecutivo tambaleante y a un Congreso del que se apoderó la desesperación, y la debacle de una economía que no avizora una luz esperanzadora al final del túnel, lo cual resulta inquietante, no solo para los brasileños, sino para toda la región.
¿Cuál será el desenlace? Nadie tiene hoy la respuesta. Lo único comprobable, hasta ahora, es que los brasileños cambiaron seis por media docena… o incluso menos.