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Cada vez que estamos en vísperas de la designación de alguien para ejercer la Fiscalía General o para cubrir alguna vacancia en la Corte, pareciera que los políticos que no están de acuerdo con las preferencias del mandatario de turno se limitan a desempolvar algún discurso utilizado en el pasado para expresar su rechazo. Las justificaciones, en esencia, son las mismas que ya escuchamos en reiteradas oportunidades. Disparan contra el proceso de selección de la terna, los supuestos vicios que la rodearon y la influencia que habría ejercido el presidente de la República para que se integre una “a su medida”. Pero no es más que un festival de hipocresía. Desde luego que el gobernante, sea quien fuere, promoverá y designará a quien le parezca, haciendo uso de facultad que le asigna la Constitución Nacional, en tanto que los cuestionamientos al Consejo son puramente discursivos, pues, en términos prácticos, ninguno de los partidos que lo critican impulsaron reformas legales o constitucionales para que se conforme de otra manera y la preselección de candidatos sea diferente. En el fondo, lo que reivindican es la vieja práctica del “toma y daca”, de acompañar la nominación si reciben algo a cambio y, cuando eso no es así, sencillamente la boicotean.
Esto último es lo que sucede en el presente con la propuesta remitida por el Ejecutivo al Senado, solicitando su acuerdo para el nombramiento de Sandra Quiñonez como nueva Fiscal General del Estado. Al no ser parte de una “negociación” que garantice de antemano alguna “tajada” a la mayoría de los senadores, estos se abroquelan con el objetivo de truncar su confirmación en el cargo, como lo están haciendo las bancadas del radicalismo auténtico, el Frente Guasu y, cuándo no, la mayoría de la que agrupa a los disidentes de la ANR.
Los que se aprestan a bajarle el pulgar a Quiñonez en ningún momento se refirieron a sus aptitudes para desempeñarse al frente del Ministerio Público. Es más, la mayoría inclusive reivindicó su foja de servicio, como es el caso de Mario Abdo Benítez y varios otros, lo que resulta esquizofrénico. Los únicos que sí lo hicieron fueron los senadores del Frente Guasu, que tampoco la cuestionan por incapaz, ni por corrupta, sino por su actuación, investigaciones y acusaciones que formuló en juicios sobre… secuestros.
El PLRA ya había adelantado que se expediría en el mismo sentido que el Frente Guasu, o sea por el no, y el comité político lo ratificó al encomendar a sus senadores votar en contra de la candidata del Ejecutivo, alegando que el Consejo de la Magistratura “está integrado de manera irregular” y que, al momento de conformar la terna, “no respetó el principio constitucional de la pluralidad”, al estar compuesta únicamente por fiscales de origen colorado. En otras palabras, y si los argumentos fueran sinceros, hasta que en el Consejo no estén quienes ellos creen que deben estar, y que en la terna se incluya a postulantes de otras filiaciones, de ser por ellos, no habría nuevo fiscal, ni ministros de Corte.
Los “Añetete” no anduvieron con rodeos, fueron más directos, y asumieron que no darán su visto bueno a Quiñonez porque “es la candidata del presidente”, como lo dijo el senador Silvio “Beto” Ovelar, sin el menor rubor en el rostro.
En resumidas cuentas, los que se preparan para objetar la designación de Quiñonez no lo hacen por cuestionamientos a su idoneidad, sino por insanas razones políticas que saltan a la vista. Lo paradójico del caso es que, mientras mantengan esta estrategia de boicot, deberán aguantarse a Javier Díaz Verón, a quien también consideran “empleadito de HC”, al frente del Ministerio Público.