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Aunque las evidencias en contra de Javier Díaz Verón, fiscal general del Estado -con mandato vencido- sean abundantes, pretender juzgarle como si continuara con derecho pleno al frente del Ministerio Público es por demás inconsistente.
Es un verdadero logro que los fiscales encabezados por el adjunto anticorrupción, Federico Espinoza, hayan decidido iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de su propio jefe. Pareciera un gesto que enaltece a los subordinados de Díaz Verón, pero no nos engañemos, el hecho de que su mandato estuviera vencido tuvo que haberles facilitado muchísimo la tarea. Ellos saben que le queda poco tiempo en el cargo, por lo tanto no hay por qué temer represalias o persecuciones de ninguna clase.
El escenario es el siguiente: El mandato de Díaz Verón venció hace meses y debió haber sido reemplazado en el cargo por quien el Ejecutivo eligiera, de la terna del Consejo de la Magistratura, y obtuviera el acuerdo constitucional del Senado. Todo hubiera marchado sobre ruedas si el “grupete” de senadores disidentes y opositores no decidieran rechazar el procedimiento, asegurando que la terna del CM fue conformada de manera irregular y por personas que no pertenecen al consejo.
A partir de allí, la cosa se complicó soberanamente. De los 3 propuestos, el Ejecutivo eligió a Sandra Quiñónez, y aunque la opinión ciudadana dice que es la mejor opción, no solo de la terna sino de todos los candidatos presentados, el grupete dijo que no quería aceptarla y postergó el tema hasta después de las internas de diciembre pasado. Ante esta situación, no hubo más remedio que hacer que Díaz Verón continuara en el cargo por lo que se llama reconducción tácita.
La cosa se complicó ahora con el escándalo de los audios y las acusaciones en contra del casi exfiscal general del Estado por enriquecimiento ilícito. Algunos quieren que renuncie al cargo (en realidad, el cargo ya no es suyo) y ciertos diputados pretenden someterle a juicio político, un proceso interminable si tenemos en cuenta lo que pasó con el caso de 3 ministros de la Corte. O sea, Díaz Verón dejará de estar en el Ministerio Público mucho antes de que la Cámara de Diputados apruebe siquiera el libelo acusatorio.
Pero supongamos que lo consiguen y en un procedimiento sumarísimo acusan y condenan a Díaz Verón vía juicio político. ¿Qué sigue? ¿Quién asumiría el puesto de fiscal general del Estado interino hasta tanto se solucione el impase que existe entre el Ejecutivo y el Senado y pueda quedar nombrado alguien de manera definitiva? Y, en todo caso, ¿cuál será la institución que decidirá sobre el reemplazante?
Son muchas preguntas y sabrá Dios quien tiene las respuestas, sencillamente porque esta situación –una vez más- no está prevista ni en la Constitución ni en las leyes. Racionalmente pareciera que lo mejor que se puede hacer es confirmar a Quiñónez en el cargo, más aun teniendo en cuenta que nadie, absolutamente nadie, duda de que sea la mejor opción.
Pero no todo el mundo piensa lo mismo. El Frente Guasu, por ejemplo, pide que el Consejo de la Magistratura reinicie todo el proceso para la conformación de una nueva terna. Y si eso llega a pasar sí que nadie puede siquiera imaginar lo que podría ocurrir.