ADN Digital
No sabemos si tomando las medidas adecuadas y oportunas se hubiera evitado el conflicto que vienen protagonizando los camioneros, pero con certeza no tendría la intensidad ni las consecuencias que hoy todos podemos obervar y muchos padecerlas. Las causas son casi las mismas que provocaron una acción similar en mayo del 2016: los ya famosos “bitrenes” brasileros, a lo que entonces se había sumado el tema de las tarifas de los fletes, ahora también latente. Entonces se acordó posponer el ingreso de dichos vehículos al territorio nacional y poner en marcha un proceso para ir modernizando la flota de camiones. Pero pasaron casi dos años y nada se hizo al respecto, la mesa de trabajo instalada en aquella oprotunidad jamás volvió a reunirse y los más interesados en la cuestión, los camioneros y empresas transportadoras, no movieron un dedo en todo ese tiempo. Y así llegamos hasta el paro que está en pleno desarrollo, en el cual los que protestan se adueñaron de las rutas y mantienen en vilo a todo el país, regiones del cual comenzaron a sufrir los rigores del desabastecimiento.
Tal vez el conflicto igual se producía, decíamos, por aquello de que todo proceso de modernización lleva aparejado disgustos y resistencias de parte de los que en vez de ver en ellos una oportunidad para avanzar y tornarse más eficientes, más competetivos, creen que se trata de una amenaza mortal a sus intereses. Hasta los periodistas pegaron el grito al cielo cuando las computadoras reemplazaron a las viejas máquinas de escribir, aunque usted no lo crea.
Sin embargo, ese no es el principal problema con el que hoy tropezamos. Este radica en la completa ineptitud de las partes que ahora nuevamente se enfrentan, en los métodos ilegales a los que están apelando quienes implementan la medida de fuerza y la irresponsable inacción del Ministerio Público y la Policía Nacional, que no tomaron cartas en el asunto para hacer respetar los derechos de la ciudadanía, así como de los camioneros que son forzados a parar. Y mientras esto sucedía, el titular de Obras Públicas estaba de vacaciones y sus subalternos no hicieron más que divulgar un pronunciamiento de dicha Cartera, que no está mal para que la opinión pública conozca algunos entretelones, pero con ello ni siquiera se aproximaron a tender algún puente para hallar posibles soluciones.
Por supuesto, como sucede en casi todos los casos que adquieren notoriedad pública, como este, no faltan los que tratan de sacar una “ventajita” política y, a lo mejor, conseguir el voto de algún distraído. Alguien propuso que Fernando Lugo fuera “mediador”, un disparate para darle algún protagonismo en estos tiempos electorales, en tanto que la senadora Desirée Masi, como siempre, disparó para cualquier parte, exigiendo “un informe pormenorizado”… sobre la construcción del puerto de Concepción.
El conflicto ahora ingresa a una nueva fase. El Ministerio de Obras Públicas convocó a un diálogo a los representantes gremiales de los camioneros, que se realizará hoy en horas de la tarde y, por otro lado, la Dinatran presentó un amparo judicial para que la fuerza pública impida el cierre de las rutas; algo que en teoría no debería ser necesario, pues hechos de ese tipo son delitos que las obligan a actuar en salvaguarda de los derechos de terceros, sin necesidad de contar con una orden judicial para el efecto.
Esperemos que prime la razón, que las partes acuerden una “hoja de ruta”, lo que hasta ahora nunca hicieron, y que todos se comprometan a darle cumplimiento. Y esperemos, también, que se restablezca con el mayor rigor el derecho constitucional al libre tránsito en todo el territorio, especialmente en las rutas, para que ningún ciudadano sufra el menor impedimento para ejercerlo, lo que a su vez disipará el fantasma de un mayor desabastecimiento.
Casi dos años de desidia y estos seis días de atropellos, son más que suficientes.