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Cuando de ajuste salarial se habla, muy raramente las instituciones del Estado y, sobre todo, los gremios empresarios, asumen posiciones que favorezcan a los trabajadores. Pues bien, hoy asistimos a una de esas “rarezas”, como lo demuestra la conclusión a la que arribaron el pasado martes autoridades del Ministerio de Hacienda, Banco Central del Paraguay (BCP) y directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que recomienda aumentar el sueldo mínimo cuando la inflación alcanza el 5% y no el 10%, como es en la actualidad. El Ministerio del Trabajo ya se pronunció a favor de la iniciativa y se aguarda que hagan lo propio las Centrales Sindicales, pues la medida, como veremos, favorecería a todas las partes y a le economía en su conjunto.
Santiago Peña, titular de Hacienda, explicó que la ley que rige la materia se quedó enclavada en los años 90, cuando la inflación anual giraba en torno al 10%, mientras que desde hace ya algunos años, es del orden del 4%, haciendo que los ajustes se demoren mucho tiempo en producirse, más de 3 años, como fue en el último de los casos. Corregir el desfase es por tanto una cuestión de Justicia social elemental, pues lo que ha venido sucediendo es que como el índice inflacionario nunca llega al techo que exige la normativa, los empleados en la práctica están perdiendo todos los meses una parte del poder adquisitivo de sus salarios, más concretamente alrededor del 8%, que al término de 12 meses representa casi un sueldo completo.
Pero no solo los trabajadores se beneficiarán con la aplicación de esta recomendación, sino también los empleadores, como bien apuntó durante el mencionado encuentro el titular de la UIP, Eduardo Felippo. El gremialista sostuvo que para los empresarios es conveniente dado que esperar la acumulación del 10% produce tensiones y conflictos sociales, además que cuando se concreta tiene un impacto más fuerte sobre las finanzas de las empresas. Y fue más lejos al afirmar que “sería mejor que los reajustes se puedan dar cada 2% o 3% de incremento de la inflación”, lo que irónicamente casi se equipara con una de las consignas agitadas por la izquierda más radical, cual es la vigencia de la “escala móvil de salarios”, o sea, que éstos suban a la par de la inflación.
La propuesta en cuestión resultará igualmente provechosa para el comercio en general, pues esos “pequeños” porcentajes que hoy no perciben los asalariados representa globalmente una masa monetaria importante que no circula y, a la inversa, si recibieran, se traduciría en un aumento del consumo, dinamizando así la economía y favoreciendo en última instancia al fisco, que recaudaría algo más en concepto de impuestos.
Para cerrar el círculo de la inequidad en el tema salarios, hay dos temas que merecen ser tratados a la brevedad. Por un lado, dotar al Ministerio del Trabajo de los recursos humanos necesarios para poder fiscalizar con eficacia el cumplimiento de éste y otros derechos laborales. Y por el otro, que se reconsideren los productos que componen la canasta familiar, en base a los cuales se determina el índice inflacionario, muy cuestionado en el presente.
Por lo pronto, se trata de una buena noticia para todas las partes que, esperemos, muy pronto se convierta en Ley de la Nación, poniendo fin a la injusta “carrera” entre el salario y la inflación, que históricamente ganó el segundo en detrimento del pueblo trabajador.