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El debate en torno a la ley por la cual se crea el Consejo Asesor y la Superintendencia de las Cajas de Jubilaciones tiene al menos dos grandes aristas, a saber: La necesidad impostergable de una rigurosa fiscalización de todas ellas, varias de las cuales están en quiebra, y la composición del gobierno de dichas entidades que, al menos en el caso del Instituto de Previsión Social (IPS), es ejercido por representantes “truchos”, que a nadie representan.
Con respecto a lo primero y en defensa del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados, la ministra de Hacienda, Lea Giménez dijo que la normativa “busca transparencia y confianza de que los fondos previsionales del trabajo de la gente están resguardados, que todo esté bajo reglas claras, eliminando la discrecionalidad absoluta que tienen los administradores. La realidad es que ahora nadie puede controlarles y así, luego, nos desayunamos el vaciamiento de una caja”. Y resaltó también que “el regulado no puede formar parte del regulador, deben ser independientes, porque no es posible ser juez y parte”, refiriéndose a que la Superintendencia debe ser ejercida por una persona nombrado por el Estado, a través del Banco Central del Paraguay, y no por los directivos de las diversas cajas, que precisamente deben ser controlados por aquel.
Nada que objetar. Es imprescindible que los fondos jubilatorios estén bajo rigurosa fiscalización del Estado, porque es lo que corresponde y porque así también podrá ponerse fin al festival de derroches y groseros desfalcos a los que son sometidas diversas Cajas, como la Bancaria y la de Itaipú en el pasado, causando graves daños patrimoniales a sus asegurados y al bolsillo de todos los paraguayos, quienes terminamos pagando los platos rotos.
Para nosotros no existen dudas al respecto. El problema se plantea en la parte referida a la composición del gobierno de las Cajas y, en particular, al Comité de Inversiones, en el que la propia Lea Giménez admite que sí estarán cuatro representantes del gobierno y otros cuatro por parte de los que serán regulados, entre los cuales habrá un “representante” obrero y otro de los empleadores. ¿Cómo es eso? ¿Los dueños de los aportes tendrán entonces una participación marginal a la hora de decir qué hacer con su propio dinero? No tiene lógica.
Según la titular de Hacienda, el proyecto que cuenta con media sanción “modela lo que hacen las superintendencias de Seguros o de Bancos. Son experiencia que tenemos y son positivas. Son modelos que queremos replicar para los fondos previsionales”. Pero no es así. En los casos que cita como ejemplo, el Estado, a través de sus órganos de control, no mete un dedo en el gobierno de los bancos y compañías de seguro, y menos en lo que concierne a sus decisiones de cómo invertir. Estos deben seguir lógicamente una serie de criterios establecidos en la ley, con plena autonomía, y las superintendencias controlar todos y cada uno de sus movimientos, tal como determina su área de competencia.
Es verdad que las Centrales ahora pegan el grito al cielo porque quieren seguir teniendo el manejo o alguna participación real en la administración del IPS, la niña bonita de esta historia. Y algo de eso también debe haber en el caso de los gremios empresarios. Pero hay que separar la paja del trigo. Las cajas deben ser administradas por sus legítimos propietarios, por los que pagan todos los meses sus aportes y financian así su funcionamiento, no por burócratas, técnicos o como quiera llamárseles, designados a dedo por el Ejecutivo de turno, ni tampoco por quienes ejercen la representación obrero-patronal sin el aval de los representados, lo cual debe corregirse, alguna vez, en la normativa que rija la materia.
Dadas las posiciones encontradas y la poca divulgación de un tema que reviste enorme trascendencia, lo aconsejable es que el Senado lo aborde con suma cautela y que desdoble el debate, para que el Estado ejerza cuanto antes un control estricto sobre los fondos jubilatorios, pero sin intervenir ni participar en los organismos que tienen la administración de estos a su cargo.