ADN Digital
En infeliz coincidencia con hechos vergozosos y debidamente comprobados que envuelven a sacerdotes y obispos de la Iglesia, la Asociación de Empresarios Católicos (ADEC), de la que cualquiera podría haber esperado que siente una postura al respecto, emitió un pronunciamiento de tinte estrictamente político y de una sorprendente pobreza argumental. Basada en supuestos, no en realidades, en el “dicen que” o, mejor, en la campaña que llevan adelante los medios de uno de sus socios principales -Antonio J. Vierci- asume como propias las denuncias que éste formula contra el gobierno, al cual acusa de adoptar decisiones que implicarían un regreso al autoritarismo.
Los directivos de esta organización pueden seguir desentendiéndose de algo que en teoría debería ser de su máximo interés, como la existencia de sacerdotes acosadores y pedófilos, y el encubrimiento de éstos por parte de la jerarquía eclesiástica.Tienen todo el derecho de opinar sobre la situación nacional y adherir a las posiciones que más les placza, no cabe la menor duda; así como a publicarlas en todos los medios, si bien esto hecha por tierra lo mismo que afirman, pues nada de eso sería posible en el marco de un régimen autoritario. Pero si se apartan del ámbito en el que se desenvuelven, o tendrían que desenvolverse, para acoplarse a proyectos políticos, al menos se reclama de ellos mayor rigor y no ya proclamas al estilo panfletario, que en tiempos de la dictadura se justificaban plenamente.
Dice la ADEC, en su escueto pronunciamiento, que “observa con preocupación las practicas autoritarias del gobierno”, la violación a preceptos constitucionales, así como a derechos de la ciudadanía. Y a modo de ilustración, cita cuatro ejemplos: La masiva falisificación de firmas, la maniobra de inventar una conspiración para atentar contra el presidente, la expeditiva actuación de la Fiscalía para ordenar la reclusión de activistas sociales, en contraste con el desinterés con el que encaran otros delitos más graves y…los cambios en la reglamentación del Impuesto a la Renta Personal (IRP). Lo que se dice, una mezcla de Diosa y pantera, de la Biblia con el calefón, aunque a decir verdad, lo que corresponde a la Biblia, en este caso no aparece ni por asomo.
La falsificación de firmas fue repudiado por todos, incluyendo a la propia dirigencia oficialista. A la denuncia de conspiración pueden atacarla como quieran, restarle credibilidad, calificarla de maniobra distraccionista, etcétera, pero es un tontería emparentarla con “prácticas autoritarias”. En cuanto a la reclusión de “activistas sociales”, deberían decir de quiénes hablan, porque si se refieren al concejal de CDE, Celso “Kelembú” Miranda y otros, no lo son. Se trata de políticos que trasgredieron ciertas normas. Por otra parte, la celeridad del Ministerio Público no puede ser criticable, sino, en todo caso, la lentitud con la que opera en otros casos.
Si dejamos de lado estos “ejemplos” tan insconsistentes, algunos de los cuales son imputables a la Fiscalía, no al gobierno, ¿Qué queda como principal cuestionamiento?: El cambio del reglamento del IRP, lo que tampoco puede ser “característico” de un gobierno autoritario.
La modificación de dicha reglamentación obedece a una cuestión básica de justicia tributaria. Que los que más tienen, más aporten, y no como sucede en la actualiad, que contribuyen…¡cero!.
Si la ADEC y su socio más “notable”, Vierci, no quieren aportar el “diezmo”, lo cual hablaría muy mal de su presunto catolicismo, que digan eso y punto. Pero que se dejen de embromar con el cuento chino del autoritarismo.