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La líder de la bancada de Colorado Añetete, Jazmín Narváez, sin querer abrió la caja de Pandora, en un intento desesperado por evitar que la banca que dejó –por lo menos por ahora- su compañero Ulises Quintana, fuera a ser ocupada por un suplente cartista. Desde el domingo está insistiendo con que el abdista, que guarda prisión preventiva en Viñas Cué, debe solicitar permiso para no asistir a las sesiones de la cámara, como si hubiera alguna otra opción.
Quintana no necesita pedir permiso ya que su caso es notorio y público. A pesar de eso y contra toda lógica, ayer en horas de la tarde presentó la nota ante la Presidencia de la cámara. Se sabe que está preso por lo que, categóricamente, no podrá asistir a las sesiones, y corresponde que se convoque a Rocío Abed, la siguiente en la lista de suplentes colorados de Alto Paraná, proclamados por la Justicia Electoral.
Pero donde Narváez metió la pata fue al recordar que la Constitución solamente permite que un diputado o senador pida permiso a su cámara, cuando va a ocupar un cargo de ministro o embajador, como, de hecho, fue el caso de Luis Castiglioni, en el Senado. Según la añetete, esto hace que Quintana tenga que pedir un “permiso especial”, ya que su caso no está contemplado en la Constitución.
Pero no es así. De hecho, su caso está contemplado en la Constitución, que en su artículo 199 dice que “Los senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de ministro o de diplomático. Para desempeñarlos, deberán solicitar permiso a la Cámara respectiva, a la cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones”. Esto significa, de manera contundente, que en todos los demás casos, el legislador tendrá que renunciar a su banca. Por eso decimos que sí está contemplado el caso de Quintana, aunque el texto no diga “en caso de que un legislador caiga preso…”, etc. etc.
Ulises Quintana no va a ser ni ministro ni embajador. Es un preso, común y corriente, y permanecerá detenido hasta tanto haya una sentencia en el juicio que se le sigue por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de drogas en calidad de cómplice y tráfico de influencias. Si resultare inocente, quedará libre. De lo contrario, recibirá la sentencia que le corresponde.
Ante esta situación, que no instalamos nosotros sino la misma líder de la bancada añetete, no queda otro camino institucional más que la renuncia de Quintana a su banca, porque no está enmarcado en las dos únicas alternativas que prevé la Constitución para que un legislador pudiera pedir permiso.
Desde el comienzo fue una burrada hablar de un pedido de permiso de alguien que está preso y allí seguirá por algún tiempo. Si es que Narváez y adlátere, el presidente de la cámara, Miguel Cuevas, no mencionaban esta ridícula pretensión, solo por alargar por unos días más la convocatoria a la suplente, nadie se hubiera siquiera fijado en la situación.
Nadie hasta ahora había planteado la posibilidad de que Quintana renuncie a su banca, ni que se le someta al juicio de pérdida de investidura, porque la Constitución da como causal de esto que violara el régimen de inhabilidades, lo que ocurre solo con una sentencia. Pero Narváez, de manera brillante, nos hizo ver la luz y darnos cuenta de que no hay otro camino, si es que se quiere respetar la institucionalidad. Quintana debe renunciar a su banca.