ADN Digital
En los últimos días, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, lanzó una nueva advertencia respecto a los peligros de que el ente colapse en un futuro no remoto, en caso de no introducir reformas que lo hagan sustentable. Y no es la primera vez que lo hace. En base a dicho pronóstico, el alto funcionario y los miembros del Consejo que dirige vienen hablando desde hace un par de año, o más, sobre la necesidad de una “reforma total” de su Carta Orgánica. El problema es que a los verdaderos dueños de la previsional, los empleadores y los empleados, nadie nos ha informado debidamente de los cambios que se proyectan, ni menos aún fuimos convocados a un debate sobre este tema que es de nuestro máximo interés.
En declaraciones a la prensa, López manifestó de manera muy escueta que los cambios requeridos afectarían tanto el sistema de salud, en lo concerniente a los servicios que se brindan, lo cual hace presumir que en el futuro se restringirían, como también al fondo de jubilaciones. Sobre esto último, mencionó que no se puede seguir con el esquema de hallar el monto que se percibe en concepto de jubilación en base a los últimos tres años de actividad laboral, resaltando igualmente que resulta necesario definir mecanismos para aplicar los fondos del Instituto a los efectos de obtener rentabilidad, así como los “mecanismos de supervisión”.
Y “en la cola está el veneno”, como dice el refrán, o mejor, uno de los temas que con certeza será motivo de controversias. ¿Supervisión? No hay dudas de que la colocación de fondos del IPS debe ser objeto de un riguroso control, pero el proyecto en cuestión, según las pocas informaciones que se manejan, habla de una especie de “superintendente” designado por el Ejecutivo, poniendo como ejemplo a ser emulado el de la Superintendencia de Bancos.
El ejemplo es malo y la figura, de hecho, no corresponde. La Superintendencia de Bancos no le dice a éstos dónde poner su dinero, del mismo modo que quienes tengan a su cargo fiscalizar las operaciones financieras del IPS, mecanismo que desde luego debe establecerse, tampoco tendrían porqué gozar de semejante privilegio, desde todo punto de vista inaceptable.
Parece una verdad de perogrullo, pero vale la pena poner una vez más negro sobre blanco: los únicos que deben tener el derecho a decidir sobre los recursos del ente previsional somos los que financiamos con nuestros aportes mensuales su funcionamiento, no un burócrata designado a dedo por el gobierno de turno. Para eso está el Consejo, en el que se hallan representados los empresarios, los trabajadores y los jubilados, presidido por una persona designada por el Poder Ejecutivo, lo que hasta ahora nadie sabe por qué, lo cual también tendría que ser modificado.
En una entrevista radial, López dijo que para definir los cambios a ser introducidos en la Carta Orgánica están siendo asesorados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM), el Banco Internamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). No nos parece mal, pero volvamos a lo anterior. ¿Cómo es eso de definir un proyecto tan trascendental con “otros”, por más importantes que estos sean, y no con “los dueños del circo”?
Desde ADN defendimos, defendemos y defenderemos con mucho celo el papel que desempeña el Instituto de Previsión Social, asumiendo lógicamente la necesidad de que se introduzcan modificaciones a la normativa que lo rige desde hace 7 décadas. Pero los únicos que cuentan con la legitimidad para definir el proyecto de reforma son los tres estamentos antes mencionados, los propietarios, luego de un debate amplio y absolutamente transparente.
Como ya sostuvimos en el pasado: “Al IPS lo potenciarán y proyectarán en el tiempo sus aportantes, o no lo hará nadie”.