ADN Digital
El Ejecutivo enviará hoy al Congreso el proyecto de ley que establece una nueva política salarial. Desde cualquier ángulo que se analice esta norma resulta positiva para la clase trabajadora del país, porque constituirá un sinceramiento en cuanto a la capacidad adquisitiva de quienes deben vivir con el salario mínimo.
El planteamiento de la mesa multisectorial es bien sencillo; en lugar de aguardar que la inflación llegue al 10%, tal como prevé la ley actual, lo que puede tardar varios años, se aumente el salario mínimo anualmente en un porcentaje similar a la inflación y al Índice de Precios del Consumidor (IPC). Como están las cosas en la actualidad, los productos de la canasta familiar van aumentando de precio mientras el trabajador sigue recibiendo el mismo salario, lo que hace que cada vez resulte con menos poder adquisitivo.
El último aumento del salario mínimo se dio en el 2014, y desde entonces, la inflación ha aumentado en un 7,2%, porcentaje similar al que experimentaron los productos de la canasta familiar. Así que la capacidad adquisitiva de los trabajadores ha disminuido en un 7,2% sin que se pueda hacer nada al respecto, porque la ley vigente dice que recién cuando la inflación llegue al 10% se podrá concretar un aumento del salario.
El nuevo proyecto de política salarial salva este problema, ya que dispone que el salario mínimo suba anualmente, de acuerdo a lo que haya subido la inflación, sea 3% o más. Lo positivo de todo esto es que se logró consenso entre trabajadores y empresarios en cuanto a esta posibilidad, ya que ambos sectores resultarán beneficiados. Para el sector empresarial será mucho menos doloroso dar pequeños porcentajes de aumento en lugar de aceptar de golpe un 10%.
Por eso parece poco razonable que los empresarios cristianos se opongan a esta política. En realidad, son los únicos empresarios que se oponen, y, contradictoriamente, a pesar de presumir de cristianos, pareciera que son quienes más resienten la posibilidad de mejorar la vida de sus trabajadores.
Lo llamativo de la postura de estos empresarios es que ni siquiera van al fondo de la cuestión al manifestar su oposición. Dicen que esta es una jugada del gobierno para conseguir rédito político. Parecen no entender que si una decisión gubernamental consigue que mejore la vida de quienes deben sustentarse con un salario mínimo, poco importa el trasfondo del hecho.
Esperemos que diputados y senadores tengan la madurez política necesaria para ver que este proyecto tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida y el poder adquisitivo de la clase trabajadora, y le den su aprobación. Ojalá que no primen los intereses sectoriales que impidan poner en marcha esta política salarial, bajo el pretexto de que beneficiaría la imagen del gobierno. Aquí y en cualquier lugar del mundo, la imagen de un gobierno se beneficia con acciones que tienden a mejorar la vida de sus ciudadanos, puesto que esa debe ser su inspiración fundamental.
Si los legisladores deciden rechazar el proyecto al solo efecto de no facilitarle nada al gobierno de Cartes, a quienes, en realidad, estarán fallando es a los trabajadores, quienes, en menos de dos años, tendrán en sus manos la decisión de que estos políticos continúen ocupando bancas en el Congreso o deban retirarse a cuarteles de invierno.