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La intención de castigar a un legislador que hizo uso de sus influencias para conseguir beneficios para sí mismo o su entorno es loable en sí misma, eso nadie lo puede negar. Pero hacerlo salteando el proceso, sin reglamentar el artículo constitucional que habla de la pérdida de la investidura, y actuando de manera poco transparente mientras se grita que se actúa en pos de la transparencia en la Justicia, es improcedente y desprolijo y quita mérito a un hecho que podía haber hecho historia en el camino de la institucionalidad de la República.
El artículo 201 de la Constitución Nacional dice que un legislador perderá su investidura si se comprueba fehacientemente que hace tráfico de influencias. No habla de nada más, en el convencimiento de que, antes de su aplicación, la norma deberá ser reglamentada. Por ejemplo, no habla de mayorías y si para algunos temas determinados se establecen mayorías calificadas, es obvio que para algo tan grave como la expulsión de un legislador no debería pensarse en que bastaría una mayoría simple para tomar la decisión.
Otra cosa que sí dice el artículo constitucional es que el caso del “uso indebido de influencias” debe haber sido “fehacientemente comprobado”. Y aquí viene lo grave y lo irregular de la actuación de los senadores. Si la misma Constitución dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esa demostración solamente se hace a través de un juicio ordinario, no hay forma de que el tráfico de influencias de González Daher haya sido fehacientemente comprobado, más aún cuando nadie sabe quién autorizó que se le pinchara el teléfono y la publicación de los audios.
En su intento de evitar la expulsión de OGD, Juan Darío Monges advirtió esta situación y dijo que el Senado se estaba arrogando derechos que correspondían al órgano jurisdiccional, puesto que lo correcto era esperar que actuara la Justicia y, en el caso de que se lo condenara, recién allí sacarle la investidura al ahora exsenador.
Pero no fue así. Los senadores echaron a González Daher y a los gritos se mostraron escandalizados por las violaciones a la Constitución, las leyes y a la transparencia de la República. Y para lograrlo, violaron Constitución, leyes y transparencia. O sea, actuaron exactamente igual que aquellos a los que dijeron combatir.
Monges hizo notar otra desprolijidad de los justicieros senadores. Se le convocó a González Daher a ejercer su defensa en la sesión de ayer, cuando ya estaba suspendido como senador. O sea que pretendieron que alguien que en ese momento no formaba parte del Senado, ejerciera su defensa ante el pleno del mismo. El oficialista recordó que, al estar suspendido, OGD ya no tenía autoridad para hacer lo que le habían pedido que hiciera.
Lo más probable es que Óscar González Daher haya utilizado su cargo para traficar influencia, tal como parecen demostrar los audios publicados por el diario ABC y reproducidos obedientemente por Última Hora. Pero solamente una sentencia judicial podía haberlo confirmado. Lamentablemente, cualquier sentido de Justicia y transparencia de los senadores ayer quedó en duda ante la prisa excesiva que tuvieron por apuntarse un poroto ante la ciudadanía, para lo que no les importó violar claras disposiciones constitucionales.