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¿Qué pretende Senabico?

Cada vez que Juan Pueblo pretende alquilar una casa, en un monto acorde con sus ingresos, se encuentra con unos requisitos tan exigentes, que debe hacer maravillas para cumplir con ellos. En primer lugar, tiene que demostrar que no tiene deudas pendientes, es decir, figurar en Informconf. Además, debe presentar documentos que justifiquen su ingreso mensual y demuestren que podrá responder a la obligación asumida. Y, por si fuera poco, tiene que ir avalado por la firma de un garante de mucha mayor capacidad económica que él mismo.

Si esto ocurre con viviendas de clase media, que no sobrepasan los 1.500.000 o 2.000.000, y con propietarios privados, imaginamos que cuando la propiedad a ser alquilada está bajo la responsabilidad administrativa del Estado y cuesta 7.000.000 de guaraníes mensuales, los requisitos deben ser mucho más exigentes.

Pero en el caso de “Nápoles”, la mansión del presunto narco Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”, que está bajo la administración de la Senabico, no se tuvo en cuenta nada. Es más, hasta se podría decir que se la rifó, recayendo el número ganador en un mecánico, que no tiene empresas propias, y, para colmo, es un moroso consuetudinario, con casi 50.000.000 de guaraníes en deudas impagas.

A nadie le queda muy claro para qué necesita Miguel Ángel Ayala Florentín alquilar una propiedad tan fastuosa, salvo, quizá, que sea el prestanombres de alguien poderoso que prefiere mantenerse en el anonimato. Si se trata de esto, obviamente la Senabico lo sabe, por eso aceptó alquilar una propiedad, que ni siquiera es suya y de la que deberá rendir cuentas más temprano que tarde, a alguien acostumbrado a no pagar sus deudas.

Pero la situación de la vivienda de “Cucho” es solo una muestra de lo desprolijo que es el manejo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, ya que desde que se lo detuvo quedó en evidencia el gran desconocimiento de las normas constitucionales y legales de los responsables de la institución, y del inexplicable apoyo que recibe del Ejecutivo.

La Senabico debería ser la custodia de los bienes del imputado y preso por tráfico de drogas, lo que significa que estos debían permanecer bajo el control de la secretaría, sin que ésta pudiera disponer de los mismos. Sin embargo, los responsables decidieron no guardar en depósitos los bienes muebles y sacar plata de los inmuebles. Así que, lo primero que se hizo fue dar uno de los vehículos más lujosos y caros del procesado para que la Policía lo utilizara como patrullera en las playas encarnacenas.

Como si el escándalo por esto y las críticas de ciudadanos no hubieran sido suficientes, ahora se decidió alquilar una propiedad conocida como “Nápoles” e identificada como el inmueble O’Leary. Alquilar una casa que no pertenece a la secretaría, como si fuera propia. Ambos hechos nos despiertan la interrogante de cuál es la intención de la Senabico y del mismo gobierno, ante este manejo tan desprolijo de los bienes incautados.

Viendo la capacidad crediticia del nuevo arrendatario de la mansión, nos queda claro por qué la secretaría gubernamental intentó por todos los medios esconder los datos del contrato. Si el beneficiado no tiene crédito válido ni puede justificar sus ingresos, no podría haber alquilado una casita en Loma Pytá, mucho menos una construcción como esta y por un precio como el estipulado.

Aquí hay demasiado olor a negociado. Y alguien debería ponerse a investigar en serio.

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